LA recta final del largo proceso para definir como se aplicará en España la nueva Política Agrícola Comunitaria (PAC) ha resultado torcida para Andalucía, en contra del consenso con el que las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) acordaron las cuestiones generales en la Conferencia Sectorial del 24 y 25 de julio del año pasado. Aquellos acuerdos dejaban a Andalucía en disposición de mantener inalterable la ficha financiera que ha tenido en el anterior marco (2007/2013), que era el objetivo prioritario que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural llevaba a la negociación, y para el que contaba con el respaldo unánime de las organizaciones agrarias y las cooperativas andaluzas.

Un año después, el modelo finalmente diseñado por el Ministerio es un mazazo contra aquel espíritu de consenso y, lo que es peor, contra los intereses de la agricultura y la ganadería andaluzas. Las medidas incluidas por el Magrama en los textos normativos que debe enviar a Bruselas antes del 1 de agosto no atienden las necesidades del campo andaluz. Se han tomado además de espaldas a Andalucía, pues no se ha atendido ninguna de las propuestas presentadas por la Consejería, pese a que eran razonables y sensatas, siempre con argumentos basados en estudios técnicos, y contaban muchas de ellas con el respaldo de las organizaciones representativas del sector.

La aplicación de la PAC en España es una imposición del Ministerio con la anuencia de la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP, que va a tener efectos muy dañinos sobre la agricultura y la ganadería andaluzas, caracterizadas por la diversidad productiva y el predominio de pequeñas y medianas explotaciones, llamadas a ser precisamente las verdaderas paganas de una reforma antisocial.

Es verdad que Andalucía seguirá siendo la comunidad autónoma que más ayudas recibirá de la PAC, pero es ni más ni menos que lo que corresponde a la región donde se concentra la cuarta parte de la producción agraria de toda España, más por ejemplo que en 18 estados miembros de la Unión Europea. Pero la realidad es que con la nueva PAC diseñada por el Ministerio, la comunidad con más peso del sector primario va a ser la perjudicada por la reforma, la que pierda más fondos, en torno a 600 millones menos que en el anterior marco, según estimaciones de los técnicos de la Consejería.

En la recta final desde la Conferencia Sectorial de enero, en la que quedaron muchos detalles abiertos, Andalucía no ha recibido un trato igualitario al de las demás comunidades autónomas, pese a que hemos participado lealmente y siempre en positivo aportando propuestas en los grupos de trabajo creados. Ya en aquella conferencia, Andalucía sufrió una discriminación aun hoy no explicada con argumentos coherentes por el Gobierno, al ser la única comunidad autónoma que dispondrá de menos fondos para el desarrollo rural, Feader, de los que dispuso en el anterior marco. En el reparto realizado por el Magrama, se ha quitado a Andalucía 211 millones de euros que se han repartido entre las demás comunidades autónomas, pues todas ellas o permanecen como estaban o ganan asignación. Además, habrá una reducción de la parte de cofinanciación que pone el Ministerio para los programas de desarrollo rural, que son los que permiten la modernización de infraestructuras como los regadíos, o del tejido empresarial, y que redundan de forma muy directa en la calidad de vida de nuestros pueblos.

En la conferencia de enero ya conocimos también un preocupante diseño de las ayudas acopladas, un capítulo especial de las ayudas directas creadas para ciertos cultivos o actividades ganaderas específicas de baja rentabilidad y en riesgo de abandono. En este capítulo es donde más evidente ha sido el ninguneo a Andalucía, de forma que en el modelo adoptado hay guiños evidentes a otras comunidades autónomas a costa de Andalucía.

El Ministerio ha mantenido su negativa a destinar ayudas a sectores muy significativos en Andalucía como el olivar en pendiente, la uva pasa, o el trigo duro, pese a que reúnen los requisitos exigidos por la Unión Europea. El mismo argumento de dificultad que Andalucía adujo para el olivar en pendiente denegado ha sido curiosamente el utilizado para primar al vacuno de montaña. Pero es que además, en los sectores que si recibirán ayudas acopladas se han introducido criterios que perjudican a las peculiaridades de Andalucía. Por ejemplo, en el caso de la remolacha azucarera se ha incluido la novedad de que la ayuda sea proporcional al rendimiento, lo que dejará en muy malas condiciones de competitividad a la de siembra otoñal que es la que más se produce en Andalucía. O en el caso del ovino, por primera vez en la historia de la PAC se va a asignar el mismo nivel de ayudas al criado para carne que al destinado para leche, cuando hay estudios que demuestran que la rentabilidad del primero es mucho menor, precisamente el predominante en Andalucía, motivo por el que hasta ahora estaba primado.

Las peores consecuencias de la reforma de la PAC van a caer sobre los pequeños y medianos agricultores, el grueso del sector en Andalucía -el 57% de los perceptores de ayudas de la PAC reciben menos de 2.000 euros-para los que no se ha contemplado ni una sola medida de protección. Desde Andalucía pedimos sin éxito que se estableciera una reducción del 30% a los beneficiarios que perciben más de 150.000 euros en ayudas, por entender que esas explotaciones no tienen problemas de productividad y, a cambio destinar el dinero resultante a programas de desarrollo rural.

También se nos ha negado la posibilidad de aplicar a partir del año 2016 el pago redistributivo, que es una modulación de las ayudas para valorar más las primeras hectáreas y permitir que las pequeñas explotaciones estén mejor correspondidas. Pensábamos que era una medida imprescindible después de que el Ministerio no eximiera a los agricultores que cobran menos de 5.000 euros del recorte lineal del 8,64% aplicado este año a todos los beneficiarios de ayudas PAC sin excepción. Con los distintos recortes aplicados, hay pequeños agricultores que pueden ver mermados los derechos de pago de la PAC hasta en un 18,64%.

Desde la Junta de Andalucía tenemos que lamentar la actitud del Ministerio, que ha impuesto sus criterios sin dar oportunidad al debate. En los decretos que se van a aprobar hay además algunas determinaciones que alteran los acuerdos alcanzados en las conferencias sectoriales de julio de 2013 y enero de 2014, como por ejemplo las relativas a los criterios para el reconocimiento de agricultor activo o de jóvenes agricultores, los derechos de pasto, el pago verde, o las exclusiones del derecho a la percepción de ayudas. Dado el calado de estas cuestiones pedimos al Ministerio que, por coherencia, convocara una Conferencia Sectorial extraordinaria para abordarlos. Pero la ministra se ha negado y ha preferido invocar su autoridad para aprobar los decretos. En definitiva, una vez más se ha hurtado el debate sobre una PAC dañina para Andalucía, que se ha diseñado a espaldas de Andalucía.