EN las últimas semanas nos hemos visto sorprendidos por una ofensiva del Gobierno andaluz contra el modelo de reparto de las ayudas europeas de la PAC que, a nuestro juicio, carece de fundamento y causa una preocupación innecesaria entre los agricultores andaluces.

No voy a hacer juicio de intenciones sobre las razones que han llevado al Gobierno andaluz a romper el consenso que ha habido hasta ahora y a denunciar los acuerdos negociados y aprobados en sucesivas conferencias sectoriales. Sería una lástima que la Junta de Andalucía pusiera fin, a estas alturas, a años de valioso entendimiento y colaboración en el reparto de las ayudas que tanto benefician al campo andaluz.

Pero lo que sí diré es que los agricultores andaluces pueden estar tranquilos: el modelo de regionalización diseñado para la aplicación de la nueva PAC por el Gobierno de España, en constante diálogo con agricultores y comunidades autónomas, va a impedir el trasvase de fondos entre comunidades y minimizará el impacto de los criterios de reparto introducidos por Europa para el próximo periodo.

Más aún: gracias a este sistema, complicado pero eficaz, se ha aparcado definitivamente la temida tasa plana, que hubiera supuesto pérdidas de, según estimaciones del sector, 1.000 millones de euros anuales para los agricultores andaluces.

La realidad de la nueva PAC es bien distinta de como la pintan algunos integrantes del Gobierno andaluz.

Primero, se negoció en Bruselas hasta la extenuación para impedir una rebaja sustancial en las ayudas que vendrán al campo español hasta el año 2020. El resultado del gran trabajo realizado por el entonces ministro, Miguel Arias, superó las expectativas del sector y España recibirá un montante de 47.000 millones de euros en ayudas a la agricultura en el próximo periodo.

De esa cantidad, la agricultura andaluza recibirá unos 12.000 millones de euros, equivalentes a la mitad de los fondos europeos que llegarán en los próximos años a nuestra tierra. Ningún otro sector de nuestra economía tiene este nivel de apoyo financiero.

Como he dicho, al comienzo de esta legislatura se partía de un planteamiento nefasto. Europa preparaba una reforma de PAC que castigaba al campo andaluz y lo condenaba a perder miles de millones. Con la mencionada tasa plana, que aceptó el anterior Gobierno, los agricultores y ganaderos andaluces hubiesen perdido en torno al 40% de los fondos estructurales que recibían hasta ahora.

Frente a ello, el equipo de Mariano Rajoy dio la batalla en Europa para que Andalucía sea la que más fondos recibirá de la PAC hasta 2020, con unos 1.600 millones de euros al año en ayudas directas (primer pilar de la PAC), que vendrán directamente a 286.000 agricultores y ganaderos.

El gran beneficiario de este esfuerzo ha sido el olivar andaluz. Gran parte de estas ayudas irán a este cultivo emblemático, que ocupa 1,5 millones de hectáreas en nuestra tierra. Todas las propuestas que el Gobierno ha llevado a Europa han velado por los intereses de los olivareros, que tendrán ayudas muy similares a las que venían percibiendo gracias a la eliminación de la consabida tasa plana, la aplicación directa del greening y la limitación de entrada de nuevas superficies de cultivo.

El Ministerio de Agricultura estará especialmente atento a la situación del olivar en pendiente, que en principio queda al margen de las ayudas acopladas, que se deciden en función de la rentabilidad de los cultivos, dado que la normativa europea establece que para acoplar un sector es necesario que cumpla con el requisito de estar en riesgo de abandono o en descenso de la producción.

Confiamos en la buena salud de este cultivo y en que seguirá siendo rentable. De no ser así, estaremos al lado de los productores, manteniendo encuentros con ellos y escuchando sus propuestas, como hemos hecho hasta ahora.

Además, el Gobierno ha velado por los intereses de Andalucía introduciendo en los criterios de reparto de los fondos de Desarrollo Rural (segundo pilar de la PAC) un factor de estabilización que impedirá que ninguna región pierda o gane más del diez por ciento de lo anterior en su reparto. Ello ha permitido salvar 200 millones de euros que se hubieran perdido con la aplicación estricta de la nueva metodología de la UE, de modo que Andalucía recibirá en este periodo un total de 1.906 millones de euros para políticas de desarrollo rural, el 23,7% del total que vendrá a España.

Ahora es el Gobierno andaluz el que debe trabajar en la implementación de buenos Planes de Desarrollo Rural, a fin de que Andalucía reciba la máxima cuantía de ayudas a las que opta por este concepto.

Entendemos que el Gobierno andaluz comparte el objetivo de dirigir las ayudas a la agricultura verdaderamente activa, y el paso histórico que hemos dado para centrarlas, exclusivamente, en aquellos agricultores y explotaciones con actividad económica en el territorio.

No es cierto, por otra parte, que no se proteja a las pequeñas y medianas explotaciones. Hemos defendido un régimen de ayudas dirigido a los pequeños agricultores que realizan una actividad agraria real, para que mantengan ayudas estables durante los próximos seis años.

Todo lo que he expuesto hasta ahora fue acordado en las conferencias sectoriales de junio de 2012, julio de 2013 y enero de 2014, que sentaron las bases para que se puedan elaborar los borradores de reales decretos que establecerán el marco legal de la reforma de la PAC en España.

No existe, de hecho, precedente en la aplicación de una reforma de la PAC en la que el grado de participación de las comunidades autónomas haya sido tan amplio, como también lo ha sido el grado de acuerdo.

Nos gustaría seguir contando con la importante y valiosa colaboración del Gobierno andaluz en los trabajos de reforma de la Política Agraria Común. Aunque, por suerte, el modelo que fijará el reparto y sobre el que se decide el 87% de las ayudas que llegan a Andalucía quedó cerrado y aprobado en la conferencia sectorial de 2013 y, la verdad sea dicha, nadie puede venir a estropearlo.