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El cooperativismo agrario espera un espaldarazo con las nuevas leyes

  • La entrada en vigor en enero de las normas de integración cooperativa y de la la cadena alimentaria buscan un refuerzo al agricultor

Apenas quedan dos semanas para la entrada en vigor de dos nuevas leyes que están llamadas a reforzar la posición del productor en origen, el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y, por lo tanto, en muchos casos, el más débil en relación al resto.

La ley de integración cooperativa dice que se necesita "poner en marcha medidas que fomenten la integración y la potenciación de grupos comercializadores de base cooperativa y asociativa, con implantación y ámbito de actuación superior al de una comunidad autónoma, que resulten capaces de operar en la cadena agroalimentaria, tanto en los mercados nacionales como en los internacionales y que contribuyan a mejorar la renta de los agricultores y a consolidar un tejido industrial agroalimentario en nuestras zonas rurales".

La herramienta para lograrlo es a través de la nueva figura denominada "entidad asociativa prioritaria", es decir, una cooperativa a secas o bien de segundo o mayor grado, una SAT, un grupo cooperativo o una organización de productores; además, debe tener implantación y ámbito de actuación económica supraautonómico; vender el 100% de la producción de sus integrantes; la facturación conjunta de todas las entidades que la integren ha de alcanzar un mínimo que debe ser establecido por un reglamento posterior; y establecer estatutariamente medidas que garanticen una gestión y gobernanza democrática de la entidad, evitando situaciones de dominio.

Para ello, el Ministerio de Agricultura va a crear un registro estatal que controlará cada año el cumplimiento de estos requisitos de forma que mantenga el rango de prioritaria, lo que implica la preferencia de dichas entidades y de sus organizaciones integrantes en la concesión de ayudas y subvenciones por parte de las administraciones, así como la consideración fiscal de especialmente protegidas.

De esta forma, se convierte en "una fuente de incentivos para el aumento de la dimensión de las empresas asociativas y sus ulteriores asociaciones", tal como recoge el último informe de campaña hortofrutícola elaborado por Cajamar, de la cosecha 2013-2014.

Por su parte, la ley de la cadena alimentaria establece la obligatoriedad de un contrato por escrito para la regulación de las condiciones de venta en el que no podrán producirse modificaciones unilaterales ni pagos adicionales no contemplados en las condiciones pactadas; y se define lo que ha de entenderse como información comercial sensible, además de la prohibición de que alguna de las partes traspase o utilice para fines distintos a los de la relación mercantil dicha información.

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