Andalucía en el laberinto de España

  • Nuestra región ha de oponerse a reducir el problema territorial al catalán, por muy grave que éste sea, pues se juega su futuro

1la Constitución territorial de 1978 evoca en buena medida un fruto de las contradicciones del exilio republicano. Los enfrentamientos de los desterrados forjaron dos ideas antitéticas: la de Galeuzca, de impronta nacionalista, y la de la revista Las Españas, donde era fuerte la presencia de la izquierda republicana no nacionalista, con excepción de los comunistas. Galeuzca proponía la existencia de cuatro naciones -Galicia, Euskadi, Cataluña y España- y partía de la afirmación de la soberanía de las tres primeras, y su no aceptación de un régimen de autonomía otorgada por la última. En cambio Las Españas abogaba por una solución federal más generalizada. Al tiempo, surgen en el interior nuevos relatos nacionalistas. La voz de Andalucía está ausente; salvo la presencia personal de Manuel Andújar en aquella revista, pero el protagonismo de Anselmo Carretero es dominante.

2Aunque los años posteriores de aquellos desterrados se dedicarán con prioridad a los esfuerzos de oposición a Franco, la antítesis llega, en su esencia, viva al momento constituyente, y funda las muy claras ideas de nacionalistas vascos y catalanes, mientras aparece la izquierda dividida y desorientada, defensora de una inconcreta solución federal, pero no sin ambigüedades y tensiones internas, algunas no saldadas entonces y hoy gravemente erizadas.

3El Estado de las autonomías nos evoca en su origen una Galeuzca descafeinada. Tras la fórmula "nacionalidades y regiones" está la idea de las cuatro naciones, aunque también se hace alguna concesión federalizante, al prever una igualdad de competencias futuras en todos los territorios, pero sólo para Galicia, Euskadi y Cataluña se establece una institución parlamentaria propia. Ello significaba concebirlas como autonomías políticas y a las demás como autonomías administrativas agrupadas en España.

4Más tarde se produce la generalización e igualación de las instituciones autonómicas. Es la consecuencia principal del referéndum andaluz del 28-F, cuyo fondo son dos reivindicaciones: la igualdad política institucional y la lucha contra el desarrollo económico desigual. Con esta contribución, Andalucía propicia el cierre durante años del modelo territorial.

5Estabilizan ese cierre las políticas modernizadoras del PSOE, la soterrada existencia de una no institucionalizada relación cuasi bilateral con el País Vasco y Cataluña, los años de bonanza económica y la cuantiosa llegada de los fondos europeos. Esa estabilidad no supuso una planificación para finalizar con el desarrollo económico desigual, antes bien se dan pasos en sentido contrario. Los dos primeros gobiernos andaluces, impulsores de planes de industrialización, reforma agraria y vertebración territorial, son sucedidos por otros que centran sus esfuerzos en los grandes servicios públicos, y no en un cambio del modelo económico. Enfrente tienen una oposición que carece de relato propio y es cómplice de la asfixia económica a que su partido somete regularmente a Andalucía, con sistemas de financiación vejatorios.

6Desde la última legislatura de González y la segunda de Aznar, crecen las tensiones territoriales, sobre todo con Cataluña; en el País Vasco, la reacción a los crímenes de ETA y la financiación privilegiada tapan el debate; Galicia no ha tenido nunca un poderoso ingrediente nacionalista. A eses tensiones suceden los graves errores metodológicos de Rodríguez Zapatero, el criptonacionalismo del tripartito catalán y la irresponsable campaña e impugnación del Estatuto de Cataluña por el PP. La pasividad de Rajoy ante la cuestión territorial desemboca en el turbulento presente, lleno de incertidumbres.

7En ese presente ya hay tentativas de trato bilateral con Cataluña, y la negativa inicial a la reforma constitucional del PP puede abrirse a esa suerte de trato. A la postre, y tras la compra vía presupuesto de los nacionalistas vascos para la estabilidad del Gobierno de España, estos hechos presagian un panorama aún más lesivo (incluso para Galicia) que laGaleuzca constitucional derrotada el 28-F. Andalucía ha de oponerse a la reducción del problema territorial al problema catalán, por muy grave que sea. Se juega su futuro, esto es, no quedar de nuevo sometida a los mecanismos de desarrollo territorial desigual y no perder su esencial voz en España. Poco se ha hecho, y la sin duda necesaria unidad constitucional frente a la rebeldía nacionalista hace pensar que poco se hará ahora; pero es preciso que pasada la tormenta, el protagonismo político de Andalucía no sea postergado, en su perjuicio y el de España entera la gravedad en sí misma de tal postergación no sería banal, pero aún resultaría peor que enterrara un modelo de Estado esenciado en el principio de igualdad.

8Por eso, la afirmación de Susana Díaz de que no se la obligue a optar contra los intereses de Andalucía es correcta entendida políticamente como una sinécdoque: que no se la obligue a optar contra el modelo de Estado español que inauguró el 28-F, basado en la igualdad de todos los territorios. No es extraño que esta afirmación no guste a los nacionalistas; lo es más que no acabe de gustar en Madrid, y por supuesto que no me refiero a los capitalinos círculos que creen, desde hace casi dos siglos, que lo que no pasa entre Príncipe Pío y Atocha no pasa en España.

9Finalizo con una alarmada constatación. En el discurso político diario y hasta en el académico actual ha desaparecido toda referencia al 28-F, el día que, para nacionalistas y centralistas de todo tipo, no debería haber acaecido. Es memoria demasiado incómoda para sus intereses. No lo olvidemos nosotros.

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