Cerca de tres años llevan cerradas las instalaciones de la antigua desaladora de Cabo de Gata, que dejó de dar servicio a la barriada después de poco más de una década tras su puesta en funcionamiento, y quince años después de la adquisición de los terrenos.

Las negociaciones para la adquisición de los terrenos de la desaladora comenzaron en 1992, sin que inicialmente los propietarios aceptaran su venta aunque sí su cesión. Finalmente, y "por distintas presiones" vendieron, según explica uno de los afectados, Francisco Javier Román. El valor por debajo de cuatro millones de las antiguas pesetas, fue considerado por debajo del valor real de la propiedad.

Con todo, los vecinos de la barriada "ya disfrutaban del agua cuando los vendedores aún no tenían el dinero, por lo que desde estamos pidiendo el ingreso de los intereses de demora".

Así, piden honradez a los actuales responsables municipales "y lo mismo que la familia se sacrificó en un momento en beneficio de la comunidad que se le devuelvan los terrenos que le quitaron".

En este sentido hace referencia a la voluntad familiar de mantener la propiedad, tal y como quedó reflejado en los documentos iniciales de compra venta. En la actualidad son siete los herederos que están pendientes de la decisión local, aunque lo que consideran venta forzosa también afectó a otra familia.

De hecho, la petición al Consistorio para que se devuelvan los terrenos no se produce hasta el 31 de marzo de 2006, una vez que se plantean distintas alternativas para el uso del inmueble. Desde entonces se han dirigido a las distintas instituciones con participación en el proyecto, "con la finalidad de que me certifiquen que el uso que se le otorgó en un principio al terreno y por el que se cedió no es el que tiene en la actualidad con un informe técnico que nunca ha llegado".

Los afectados hacen responsable al Plenario, "independientemente del signo político del equipo de Gobierno", por lo que pide que sea la Corporación la que vuelva a debatir el destino de los terrenos. Para Francisco Javier Román resalta que los responsables municipales "deben valorar si su función es la de resolver problemas o la de dar preocupaciones". Así, les recuerda el importante esfuerzo "de gente pobre y trabajadora que compraron el suelo con sacrificio". Los herederos resaltan que los terrenos tienen "propietarios legítimos", por lo que insisten en que "las asociaciones y vecinos no se subasten las parcelas".

Desde asociaciones como Desalysol o La Charca se ha demandado que las instalaciones reviertan en el entramado social y cultural del barrio, sin descartar la posibilidad de que también acoja una parte museística de la maquinaria propia del sistema de desalinización. El proyecto contó con el beneplácito del alcalde Luis Rogelio Rodríguez, aunque la delegación inicial a Servicios Urbanos se trasladó a Alcaldía una vez que se produjeron las peticiones por parte de los antiguos propietarios de recuperar los terrenos de la desaladora.

Entre las diferentes posibilidades sugeridas por los propios vecinos y aceptadas por el primer edil se encuentra la habilitación de las instalaciones como un salón de actos, la puesta en funcionamiento de una sala de exposiciones o la adaptación a una oficina turística sin descartar que pudiera acoger una demarcación de la Policía Local. En el barrio se destacan las carencias de servicios y las mejoras que supondría la actuación.