Un juez de Almería ha declarado "nula de pleno de derecho" la resolución de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa que, en noviembre de 2005, autorizó a Endesa el tendido de una línea de alta tensión aérea Los Naranjos-Vera, además de declarar de utilidad pública el proyecto y aprobar la urgente ocupación de las fincas afectadas por la instalación de las torretas.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número dos, considera que la Administración autonómica "prescindió" del procedimiento legalmente establecido y aplicó la vía de urgencia "sin debida justificación" ya que el argumento de falta de suministro a la subestación de Mojácar no cabe ya que por la línea en litigio "aún no circula electricidad".

El magistrado Jesús Rivera señala, asimismo, la ausencia de un trazado alternativo para el tendido en el proyecto, al que obliga en estos casos el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de Andalucía y aprecia incumplimiento de Endesa de las condiciones bajo los que la delegación provincial de Medio Ambiente emitió un EIA favorable.

El fallo, dictado a raíz del recurso interpuesto por la propietaria de una de las fincas donde la compañía ha instalado una torreta de 35 metros de altura a apenas 13,5 metros de distancia de su vivienda, establece como obligada la concesión de licencias municipales de obra por parte de los Ayuntamientos de Los Gallardos, Turre y Mojácar, permisos que Endesa no tramitó al alegar "utilidad pública" del proyecto.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, condena a la Junta y a la compañía eléctrica a retirar la torre instalada en el huerto de la demandante, una veterianaria de origen alemán, y a modificar el trazado de la línea eléctrica "de modo que resulte menos gravosa para su finca", además de fijar una indemnización de 448 euros.

El mismo juez dictó en enero de 2007 el levantamiento de la suspensión cautelar de las obras de la línea de alta tensión de Sevillana Endesa en Mojácar, Turre y Los Gallardos sobre la que pesaba una paralización ordenada por el mismo desde el 30 de noviembre de 2006 tras los recursos presentados por afectados bajo la denominación Plataforma Levante Sin Cables, que concurrió en las últimas elecciones municipales.

El fallo, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el colectivo, se basó en la demanda de suministro eléctrico de un millar de viviendas de nueva construcción en la comarca del Levante y que la eléctrica dice no poder atender debido a la falta de capacidad de la línea actual.