Las reLa Corporación Municipal ha aprobado, con el voto a favor del PP, PAL y UPyD, la modificación del contrato de concesión de la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio suscrito con la empresa Clece. En la actualidad el contrato recoge el pago de un canon mensual a la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio que supone un gasto de 32.000 euros para el Consistorio. Según argumentaba en sesión plenaria la concejal de Servicios Sociales, Julia Ibáñez, "tras analizar los datos de los usuarios se va a modificar sin que ello merme los servicios que reciben los usuarios".

"La implantación progresiva de los distintos grados de dependencia por parte de la Junta de Andalucía ha hecho que a lo largo de estos años haya disminuido el número de usuarios en prestaciones básicas del servicio de ayuda municipal con lo que el modelo de gestión desarrollado hasta ahora ya no tiene soporte económico. Esto ha llevado a establecer un sistema de gestión económica diferente. A partir de ahora, se pagará a la empresa por las horas facturadas, estableciendo un máximo de 1.700 horas mensuales, dado que en la actualidad se prestan unas 1.600 horas", apostillaba. Por su parte desde UPyD han votado a favor de esta modificación alegando que "siempre que se cumpla el servicio con rigurosidad y se cubran las necesidades de las personas que demandan esta ayuda estamos de acuerdo con que se modifique el contrato con la empresa que presta el servicio", afirmaba el portavoz de UPyD, Francisco Fernández. Por su parte, desde Izquierda Unida han planteado la posibilidad de "sacar nuevamente a licitación la concesión de este servicio para que pudieran beneficiarse de esta gestión cooperativas de trabajadores, como se hace en otros municipios", señalaba el portavoz del grupo, Serafín Pedrosa. Y es que según afirmaba, "de los 13 euros por hora que se paga a la empresa el trabajador apenas recibe unos cinco euros. No pido la rescisión del contrato sino que se saque de nuevo a licitación una vez finalice el contrato con Clece en el mes de diciembre para que los trabajadores se vean más beneficiados".

Este ha sido sin duda el punto del pleno en el que mayor debate se ha generado dado que con él Ibáñez ha anunciado la puesta en marcha de una Comisión Técnica de Valoración para Servicios Sociales basada en el control y seguimiento que regule y ajuste a la legalidad la concesión de las ayudas. Esta Comisión está formada por cuatro miembros, de los que tres son miembros permanentes y el cuarto, un técnico". Esta comisión está exenta de participación política para que "sea más transparente y más participativa", argumentaba Ibáñez. La entrada en vigor de esta comisión surge una vez la edil tenía conocimiento de una serie de irregularidades que se estaban acometiendo en el área de Servicios Sociales con el conocimiento del anterior equipo de gobierno, PAL. En este sentido, recordaba que había dos personas, familiares de un ex concejal, que no residían en el municipio de El Ejido sino en Berja, que se servían de la ayuda a domicilio tanto municipal como la concedida por la propia Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, tramitadas a través del propio Ayuntamiento cuando correspondía al de Berja al ser el municipio en el que residían ambos usuarios, y sin olvidar que beneficiarse de ambas ayudas, simultáneamente, es incompatible. Asimismo, la edil daba a conocer a la Corporación Municipal que también se beneficiaban del servicio de Teleasistencia .

La edil de Servicios Sociales ha reprochado al portavoz del Partido de Almería, Miguel Ángel Barrientos, por qué concedió estas ayudas a dos personas que no viven en El Ejido sino en Berja lo que supone soportar un mayor coste para las arcas municipales y para los ciudadanos de El Ejido. Por su parte el portavoz del PAL ha señalado que "estas afirmaciones no corresponden a la realidad. Miente en los aspectos fundamentales, dado que lo que determina que se otorgue este procedimiento es el empadronamiento, esto se cumple. Son dos personas empadronadas en El Ejido desde el año 1990. Estas acusaciones son producto de una persecución". Aseguraba asimismo que "se comprobó tanto por los técnicos de la Junta de Andalucía como por técnicos municipales que residían en El Ejido". Por su parte, Ibáñez afirmaba que no se trata sólo de estar empadronado sino de residir en el municipio, algo que estos usuarios incumplían. Barrientos añadía que "es una cuestión funcional. Si de forma puntual se trasladaron a Berja, por cuestiones de movilidad de estos usuarios, se le adaptó el servicio para que lo recibieran en las mejores condiciones. Se hizo porque es nuestra obligación". Nada más conocer estas irregularidades, desde el equipo de Gobierno del PP le pusieron fin. Además, la edil de Servicios Sociales ha recordado durante el pleno que se harán controles exhaustivos con visitas y llamadas a los usuarios de este servicio.