La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), avalando el procedimiento escogido por el Ayuntamiento de la capital para la contratación del proyecto y obra del Mesón Gitano mediante un único concurso, ha reforzado la defensa del equipo de gobierno que durante los dos últimos años ha venido realizando acerca de este "expediente impoluto" que, en palabras del actual concejal de Movilidad y anterior responsable de Almería Urban, Manuel Guzmán, "desmantela cuentos".

El representante del PP entiende que la sentencia del TSJA viene a reconocer "lo que siempre hemos defendido y el trabajo de los funcionarios de la Casa, con un expediente -añadió el edil- impoluto", tanto en el procedimiento técnico como jurídico seguido que, recordó, fue objeto de tres auditorías, obteniendo los conformes de la "Administración regional, el Estado y la Unión Europea. Y creánme que no es fácil", incidió Guzmán al ser preguntado por periodistas en una comparecencia pública con motivo de una campaña del servicio de Ayuda a Domicilio.

El que fuera consejero delegado de la empresa Almería Urban cuando fue licitada la construcción del nuevo edificio del Mesón Gitano, defendió de nuevo ayer la "transparencia" del Consistorio a lo largo del proceso, con explicaciones públicas "antes, durante y después" de la adjudicación.

En su opinión, la desestimación del recurso contencioso administrativo "desmantela de alguna forma a todas aquellas personas que han intentado utilizar de manera circunstancial el Mesón Gitano para crear un cuento, una película con apariencia de credibilidad" y "se ha demostrado que todo es falso", remachó el responsable municipal.

El recurso fue interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA), frente a la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos contractuales de la Junta de Andalucía contra la Empresa Municipal Almería Urban, Facto y la propia administración regional por la forma en la que se llevó a cabo el proceso de contratación de las obras, que se realizó mediante la modalidad de licitación conjunta (proyecto y ejecución de las obras), al considerar los arquitectos lesionados los intereses del colectivo profesional por no poder optar al concurso, salvo a través de una empresa constructora.

Cabe la posibilidad de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, algo sobre lo que aún no se ha pronunciado el COAA a la espera de disponer del fallo judicial y analizar su contenido. Pendiente queda, por otro lado, el juicio por lo penal del Mesón, en su día denunciado también por UPyD.