La barriada de la Aljambra es una de las zonas donde en los últimos años se han levantado alrededor de seiscientas viviendas habitadas, prácticamente en su totalidad, por ciudadanos británicos. A simple vista, si uno pasea por este paraje da la impresión de estar en una zona residencial nada más lejos de la realidad. Es cierto que son chalés con piscina y, aparentemente, con todo tipo de comodidades, pero lo lo que ocurre es que doce familias, desde que entraron a sus viviendas hace cuatro años, están sin luz y sin agua. Unas carencias que han intentado solventar pero que, como ellos mismos aseguran "ha sido imposible. Nos han engañado y a pesar de que hemos invertido mucho dinero en nuestras casas, no conseguimos tener estos suministros porque nuestras viviendas dicen que son ilegales", informa Des Thomson, uno de los propietarios afectados por esta situación.

La docena de casas fueron construidas por la empresa North Property cuyo titular desapareció tras cobrar el dinero. Las familias afectadas decidieron unirse para conseguir los servicios mínimos. Aseguran que hace dos años y medio el alcalde del municipio, por entonces, Francisco Granero, les prometió la licencia para poder conectarse a Sevillana-Endesa y, para ello, tenían que pagar la instalación eléctrica hasta sus viviendas lo que les supuso 110.000 euros de inversión. "Cuando teníamos las torretas y los contadores junto a nuestras casas al solicitar a Sevillana la conexión descubrimos que nuestras viviendas estaban denunciadas por el Seprona y es por esto que no podemos conectarnos a la luz", explica Anne Moore. Desde entonces, contratan un generador eléctrico con el que tienen suministro durante seis horas al día, dos por la mañana y cuatro por la tarde, algo que, además, según manifiestan les supone 100 euros a la semana por vivienda. "Así no se puede vivir, necesitamos medicación y con solo 6 horas de electricidad no podemos ni tener los frigoríficos funcionando para mantener nuestros remedios. Para cualquier cosa es un problema". En cuanto al agua, cada casa cuenta con un aljibe que llenan cada quince días gracias a una cuba. Tampoco logran entender "porqué las cientos de viviendas ilegales que tenemos a nuestro alrededor cuentan con el servicio eléctrico y nosotros no". Es más, se preguntan "por qué si podemos tener un servicio de recogida de basura y no tenemos electricidad. Para algunas cosas se nos reconoce y para otras no, ya no sabemos cuales son los parámetros que se utilizan", se queja otro de los propietarios, Pat Holmes.

Este es solo un ejemplo de las muchas familias que conviven en la comarca del Almanzora y el Levante. Propietarios de viviendas ilegales que pagaron en torno a 200.000 euros por ellas y que no cuentan con ningún papel que les acredite la propiedad de sus casas. Con suerte son dueños del terreno donde se levanta su residencia. La mayoría de los afectados coinciden en el "engaño que han sufrido". Aseguran han sido estafados por sus constructores, abogados e incluso por los alcaldes del municipio. "El anterior alcalde no cumplió su promesa, y el actual en campaña electoral nos prometió su apoyo para solucionar nuestra situación cuando ahora ni tan siquiera nos recibe en su despacho", insisten los propietarios de estas viviendas que reconocen que sobre sus residencias podría planearde forma inminenter el derribo, ya que viven en casas ilegales.