Ni Subdelegación de Gobierno ni Ayuntamiento de Almería tienen previsto asumir la sentencia realizada por el juez Rivera que revoca la licencia de apertura otorgada a la Oficina de Extranjería abierta en la calle Marruecos del barrio de San Luis. Así, ambas instituciones tienen previsto recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La Subdelegación del Gobierno Almería, a través de la Abogacía del Estado, va a recurrir la sentencia "al estimar que dicha licencia se ajusta a las normativas urbanísticas municipales". Así, resaltan que "desarrolla sus funciones con la satisfacción de usuarios y su actividad ha sido satisfactoriamente acogida en la zona".

De esta manera, se muestran a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva los recursos que se presentará, descartando la existencia privilegios a la hora de la obtención del permiso de apertura.

Por su parte, desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Juan Megino, subrayó que el Plan General, a diferencia de lo que se aludía en la sentencia, se permitían infraestructuras "si se incluye sistemas de ventilación apropiados". Megino, que todavía no había sido informado de la resolución, recuerda que la obtención de licencia es realizada por parte de Urbanismo "avalado por un informe técnico y uno jurídico", por lo que descarta que no se cumpla la normativa vigente.

La tramitación ha sido criticada por el portavoz de IU, Diego Cervantes, quien afirma que la sentencia es consecuencia "del desmantelamiento de Urbanismo a inicios de 2004, cuando funcionarios expertos fueron trasladados a otros departamentos".

Reticentes a la hora de dar a conocer sus nombres, los vecinos siguen reconociendo un cierto resquemor por la presencia de la Oficina de Extranjería, aunque descartan que se haya producido ninguna incidencia en la zona desde su apertura. Con todo, su principal demanda "es que se haga cumplir la ley a todos por igual, ya que los establecimientos no obtienen sus licencias de apertura de forma tan fácil", resalta uno de los comerciantes de la zona.

Esa es también la causa aludida por los portavoces de la Plataforma Minas de Gádor - San Luis en la comparecencia que realizaron ayer después de que se diera a conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo número 2 de Almería le diera la razón por haber sido considerado de forma "impropia" el semisótano de las oficinas.

Un año después del inicio de las movilizaciones vecinales, el juez resalta que no existe dicha calificación en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, por lo que revoca la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Almería a petición de la Subdelegación.

Ello supone, según el representante de la plataforma, Diego García, "que la mitad de la superficie de la oficina es ilegal por lo que la justicia seguirá dándonos la razón", asumiendo las alegaciones antes de darse a conocer.

No se refiere la sentencia a las dificultades en materia de tráfico y la falta de aparcamientos, destacaron los portavoces, aunque resaltaron que desde la propia Subdelegación "se reconoce la existencia de menos superficie en uso porque las plazas de parking deberían ser del doble si realmente fuera la extensión expuesta por el Gobierno central".

Los afectados hablan de intereses "por parte de amigos", que llevaron a que la oficina "de un día para otro se trasladara de Cortijo Grande a San Luis". Como alternativa siguen planteando la opción del Puerto, aunque también las sedes de los juzgados que serán trasladadas o al Plan Parcial de Bayyana.