La sobrina de una anciana gran dependiente que está ingresada en una residencia de Alhama de Almería denuncia ante la Guardia Civil que el representante legal del geriátrico se ha apoderado, "de forma fraudulenta", del fondo de inversión de su tía y de una vivienda. Así consta en la denuncia que fue presentada ante la Guardia Civil, el pasado día 25 de noviembre, en la que se describen una serie de hechos que el abogado de la denunciante alega que podrían ser constitutivos de delito.

La denuncia, quince días después de haberla registrado en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Alhama, aún no ha sido comunicada a los interesados, según confirmó ayer el administrador único del centro geriátrico.

En el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Diario de Almería, la familia de la anciana asegura que tuvo conocimiento a través de la publicación de un edicto en el Ayuntamiento de Alsodux (dictado por la Registradora interina de la Propiedad de Gérgal) de la inscripción de la casa propiedad de la anciana a favor de la residencia geriátrica Mirasierra. Esta forma de actuar, hace pensar a la familia que "la publicación del edicto va encaminado a legalizar un contrato de compraventa privado fraudulento y conseguido mediante engaño para burlar la oposición de los posibles herederos legales".

Ante dicha acusación, el administrador único del geriátrico, José Manuel López Rodríguez, insiste en que "la venta de la vivienda se hizo de forma totalmente legal y ante notario, hace más de un año, por iniciativa de la propietaria".

El abogado de la familia, Jaime Costa, también refleja en el escrito que en mayo de 2009 se realizó un reembolso de un fondo de inversión que fue abonado en una cuenta que la anciana tenía con su sobrina (con un importe que ascendía a casi 70.000 euros) y que de inmediato fue traspasado a otra cuenta en la que, mediante un poder general, el representante legal de la citada residencia podía disponer del dinero. La familia no entiende el traspaso y alega que la "única perjudicada es la anciana, que ha tenido que pagar una penalización por rescatar el Plan de Inversión con anterioridad al vencimiento".

Por su parte, José Manuel López argumenta que la anciana pidió al representante legal del centro "que le mirase cómo iban sus cuentas y éste, al ver que tenía un Plan de Inversiones que no generaba ganancias, consultó con otras entidades bancarias y lo cambió. La anciana sigue teniendo sus ahorros y la residencia no se ha apoderado de nada de forma fraudulenta".

El letrado, en representación de los denunciantes, aseguró a este periódico que la familia cree que "la residente puede estar siendo objeto de una maquinación, engaño o estafa, así como de una posible apropiación indebida por parte del geriátrico, o del que es su representante legal". Algo que los denunciados niegan y argumentan con documentación.

La familia, de acuerdo a los motivos reflejados, solicita que se acuerden cuantas actuaciones y diligencias de prueba sean pertinentes a fin de esclarecer los hechos que consideran "objeto de delito", así como dilucidar las responsabilidades civiles y penales que haya lugar.

La anciana ingresó en la residencia Mirasierra el 23 de noviembre de 2007 al serle reconocida una situación de gran dependencia por parte de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. En la actualidad, la familia se encuentra inmersa en un proceso para tramitar un expediente de incapacitación ya que, según aseguran, "está impedida para regir su voluntad", aunque desde el centro geriátrico insisten en que "aunque es una gran dependiente no tiene alteradas sus facultades mentales y puede decidir por ella misma".

M. G. M., sobrina de la residente, es la que figura como denunciante en el escrito presentado ante la Guardia Civil el 25 de noviembre.