La Fiscalía archiva la denuncia de PSOE e IU por el Sanatorio de la Virgen del Mar

La Fiscalía ha archivado la denuncia de los grupos municipales de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Almería en la que cuestionaban la "viabilidad legal" de la operación de permuta para la compra del edificio del antiguo sanatorio 'Virgen del Mar' de la ciudad porque no aporta "ninguna prueba" sobre la posible comisión de algún hecho delictivo por "persona alguna".

El decreto, consultado por Europa Press, indica, además, que "no es función" del Ministerio Público el control o la fiscalización de las actuaciones políticas "salvo que en su realización se cometan hechos delictivos" y subraya que es "imprescindible" para iniciar investigación "que se aporte algún o algunos elementos de prueba" por parte de los denunciantes.

La Fiscalía, que dice a PSOE e IU que pueden interponer la denuncia en el juzgado si no están conformes con la resolución, cierra las diligencias incoadas a raíz de la denuncia que pusieron en enero IU y PSOE ante lo que, según consideraron, era una "desproporcionada e injustificada operación urbanística" por valor de poco más de 2,5 millones de euros, 850.000 euros en efectivo y resto del montante en bienes inmuebles.

En concreto, ambos grupos trasladaron sus "dudas" sobre la "viabilidad legal" de la operación desarrollada por el Ayuntamiento y aprobada en el seno del Consejo de Administración de la Empresa Municipal 'Almería XXI' hace un año y señalaron que "parecía destinada a realizar un trato de favor a determinados propietarios antes que a satisfacer el interés general".

Remarcaron, asimismo, que, a su juicio, existe "suficiente patrimonio público de suelo" para la instalación de la biblioteca municipal y las dependencias administrativas y que, por tanto, "esta permuta no estaría justificada dentro de una adecuada política de gestión del patrimonio público de suelo conforme al interés general según lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía". La denuncia pedía que se investigara si el equipo de gobierno del PP podría haber incurrido en presuntos delitos como tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación.

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