La Fiscalía provincial de Almería ha solicitado la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal mediante escrito de acusación en el que imputa un presunto delito de prevaricación al que fuese alcalde socialista Federico Molina, actualmente concejal del Equipo de Gobierno, así como a los concejales del PSOE Antonio Peñuela, primer Teniente de Alcalde de Partaloa, y Enrique Montalvo. Según el escrito de acusación, otro de los acusados, Amador Mora Montalvo, en calidad de administrador único de la constructora 'Residencial Retamar, S. L., en el año 2006 promovió y construyó 29 viviendas unifamiliares en el paraje conocido como 'Retamar de Partaloa' en suelo no urbanizable, no autorizable, con unas licencias concedidas en Pleno del Ayuntamiento de Partaloa por silencio administrativo por los acusados Federico Molina como alcalde y Antonio Peñuela, Enrique Montalvo, Francisco Díaz, Juan Pedro Berbel y Antonio González como concejales en el tiempo de los hechos.

Según la Fiscalía, "la autorización fue emitida a sabiendas de su injusticia", pues todos ellos, añade, "tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente no es posible la concesión de licencias por silencio administrativo cuando son contrarias a la legislación urbanística". "Pese a conocer que la licencia era contraria a la legislación urbanística por tratarse de suelo no urbanizable", prosigue el escrito de acusación, "los acusados no iniciaron voluntariamente, como era su obligación, ningún expediente para la revisión de oficio de la licencia que entendieron concedida por silencio administrativo".

De otro lado y con carácter previo a la concesión de obras, el entonces alcalde de Partaloa Federico Molina, había resuelto la concesión de licencias de segregación de las parcelas afectadas bajo el informe técnico de Emilio José García, "autorización e informe emitidos a sabiendas de su injusticia al tener conocimiento todos ellos de que conforme a la legislación vigente la segregación de las parcelas afectadas y viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable, no autorizable".

Por su parte, el promotor y constructor acusado formalizó contratos de compraventa sobre las viviendas con el fin de enajenar a terceras personas las viviendas edificadas, de las cuales 17 son de nacionalidad británica. Además de la acusación de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, la Fiscalía interesa la demolición de lo construido. Así pues, más viviendas en riesgo de derribo y más compradores de buena fe que se suman a la larga lista de propietarios que en lugar de encontrar en nuestro país un asiento de retiro en su mayoría, se hallan en un encadenamiento judicial sin saber ni cómo ni cuál será su final.