La empresa pública Galasa aprobaba la actualización de las tarifas en Asamblea. Con el apoyo de la Diputación que cuenta con el 53%, los ayuntamientos gobernados por el PP, más el Ayuntamiento de Turre (IU), y los votos en contra de los socialistas, finalmente se materializaba lo que viene siendo un debate en los últimos meses.

Ante la falta de acuerdo y sobre todo, lo delicado de un asunto que afecta a los vecinos de 25 municipios del Levante y el Almanzora, donde Galasa se ocupa de la gestión del suministro de agua, decidieron posponer esta Asamblea para después de las elecciones.

La actualización de las tarifas a los vecinos deberá ser ahora aprobada por cada uno de los ayuntamientos donde presta servicio la empresa, y es aquí donde continuarán las diferencias, ya que el mismo martes por la mañana en rueda de prensa, el portavoz del PSOE en la Diputación y alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo y alcaldes como Cristóbal García (Arboleas), ya adelantaban que "cualquier acuerdo que se tome en materia de tarifas tendrá que ser ratificado posteriormente por los ayuntamientos y, llegado el caso, los que están gobernados por el PSOE votarán en contra".

La Diputación defiende la actualización de la tarifas ante la necesidad de que los recibos que pagan los usuarios cubran el coste real del servicio. Hay casos donde no se han actualizado los recibos desde los años 90, sobre todo en los municipios del Almanzora, como es el caso de Macael, donde el abastecimiento en esta localidad tiene un coste de 550.000 euros anual y los recibos de los vecinos suponen 300.000 euros, un déficit anual de 250.000 euros. Se da la situación que dos ayuntamientos del Almanzora, Macael y Tíjola, tienen una clausula en sus contratos por la cual, el Ayuntamiento asume ese déficit y paga anualmente la diferencia a Galasa, una especie de subvención en los recibos del agua que pagan los vecinos. En el resto de ayuntamientos donde tampoco se ha actualizado la tarifa en más de diez años, el déficit es asumido por la empresa pública y ha generado una deuda que supera los 30 millones.

Desde la Diputación y los ayuntamientos del PP insisten en la necesidad de tomar medidas para poder salvar la empresa. Un organismo público al que hace semanas se le llegó a cortar la luz en sus dependencias centrales por falta de pago, y funciona con un generador; donde no se ha pagado la extra a sus trabajadores y donde muchos también critican los "sueldos blindados y excesivos". Aunque entre unos y otros no se ponen de acuerdo en quien fue el que los puso en su día.

Ahora habrá que ver la decisión que toman las diferentes corporaciones municipales; si siguen perteneciendo a Galasa o deciden abandonarla y gestionarlo de forma directa o con otra empresa.

Si aprueban en pleno esa actualización de tarifas, a modo orientativo, por ejemplo en Macael, una familia media de cuatro miembros paga en torno a 12 euros cada dos meses, y con la actualización aprobada supondrá un recibo bimensual de unos 25 euros. Es cierto que supone una subida en este caso del cien por cien, pero explican que "es evidente que esos 12 euros no es un coste real, no se cubre lo que implica el servicio, porque lleva sin actualizarse muchos años y la empresa asumiendo ese déficit".