El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha imputado al vicepresidente de la Diputación Provincial, José Añez (PAL), y al portavoz de su grupo, Ángel Díaz, la comisión de un presunto delito de prevaricación y otro contra los derechos de los trabajadores en el despido y posterior trato dispensado entre los años 2005 y 2007 a nueve empleados adscritos al Plan de Formación del Empleo (PFEA).

El auto dictado por el magistrado Luis Durbán (en la imagen), extrae de la práctica de las pruebas testifical y documental la conclusión "fáctica" de que ambos políticos decidieron la baja laboral de los ahora demandantes, que han asegurado a este periódico que se han celebrado ya más de 50 juicios por estos despidos que se declararon nulos en su día por la Justicia y tras ser readmitidos volvieron a ser despedidos, "por razones políticas" y como represalia ante lo que, a su juicio, "no era un comportamiento leal al nuevo equipo de gobierno", cambio que derivó de una escisión del PP, formación que presidía la Corporación provincial, que se constituyó como Partido de Almería.

Añade el juez que, una vez el Juzgado de lo Social de Almería ordenó la readmisión de los trabajadores, ésta se ejecutó en "precarias condiciones y sin ocupación efectiva" hasta el punto, según subraya, de que se les "exoneró durante 2007 de la obligación de prestar servicios aunque se les mantuvo, a instancias del mismo juzgado, sus retribuciones y sus cotizaciones a la Seguridad Social" hasta el 30 de junio.

José Añez y Ángel Díaz, quien durante los hechos ostentaban los cargos de presidente de la Diputación Provincial y diputado encargado del PFEA, respectivamente, causaron, tal y como recoge el auto, un coste adicional que hubo de soportar la Administración al decidir ambos ocupar las plazas dejadas por los despedidos con "nuevos ingresos" que, para el magistrado, "no se ajustaron además en su proceso de selección a la normativa aplicable".

Los acusados, por su parte, han atribuído el auto judicial a una "estratagema urdida por el PP" para tender "una cortina de humo" sobre la declaración que debía prestar ante la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid el parlamentario popular José Luis Aguilar. Ambos califican el escrito del Juzgado como "un juego político" del PP y reducen su contenido a una citación para declarar y aseguran tener "las pruebas y dictámenes suficientes para que sean perfectamente aclarados en el TSJA o en el Constitucional".