El Ayuntamiento de Vera deberá indemnizar al matrimonio británico formado por Leonard y Helen Prior con la cuantía de 425.185,43 euros por la demolición, en enero de 2008, de su vivienda unifamiliar, que construyeron con una licencia municipal de obras concedida por el Consistorio que años después fue declarada ilegal.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 3 de Almería rechaza que existiera "dolo o culpa grave" en la conducta de Leonard y Helen Prior, quienes edificaron su casa "con un título que les habilitaba para ello" y que, "desde un primer momento, presentaron un proyecto destinado a vivienda unifamiliar".

La sentencia estima parcialmente la demanda de responsabilidad patrimonial del matrimonio, que, inicialmente, reclamaba por los daños materiales un total de 602.083 euros, mientras que por los daños morales pedían 200.000 euros. Cabe recordar que ambos, de 72 años, continúan teniendo domicilio en Vera y residen en un garaje desde que el 9 de enero de 2008, en cumplimiento de una orden judicial de demolición que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional, las máquinas retroexcavadoras contratadas por la Junta de Andalucía redujeron a escombros su casa.

La magistrada Ana Fariñas remarca que la responsabilidad en este caso es del Ayuntamiento y no del Gobierno andaluz, que se limitó a ejecutar el derribo, y le reprocha al Consistorio, gobernado entonces por el actual alcalde, Félix López, que concediera al matrimonio una licencia urbanística que no era conforme al planeamiento y que, además, no examinase "como le correspondía" si el proyecto presentado para vivienda unifamiliar era conforme a las normas urbanísticas.

Con lo que no está de acuerdo la titular del Juzgado en su sentencia, contra la que cabe recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es con las cuantías que reclaman los perjudicados en concepto de daños. Tampoco lo está con la tasación que hace el Consistorio veratense, que lo cifra en 69.970,70 euros, cuantía que resulta de los gastos por la obtención de la preceptiva licencia urbanística y del abono de los correspondientes impuestos y tasas.

La magistrada sostiene que la indemnización ha de atenerse al coste de reposición del terreno al estado anterior a la construcción.