En torno a las nueve y media de la mañana los furgones de la Guardia Civil llegaban a las puertas del Juzgado de Huércal-Overa con los seis detenidos en la denominada operación Costurero que entraron a las dependencias judiciales esposados. Comenzaba aquí una jornada maratoniana para funcionarios, letrados y por supuesto los numerosos medios de comunicación que se agolpaban a las puertas y que levantaron gran expectación entre los ciudadanos del municipio.

Hasta pasados diez minutos del mediodía no efectuaba su salida el primero de los detenidos, Francisco Salvador, quien junto a su abogado abandonaba las dependencias judiciales sin hacer declaraciones. Quedaba en libertad sin fianza y se le imputa el delito contra la ordenación del territorio.

Tras él y eligiendo la puerta lateral para hacer su salida se marchaba, sin fianza, Carlos Berbel, técnico de urbanismo al que se le imputa el cargo de prevaricación urbanística.

Su abogada, María dolores Maldonado, matizaba los duros momentos vividos por su defendido: "Carlos no es una persona acostumbrada a este tipo de asuntos. Su misión en el Ayuntamiento era la elaboración de informes sobre las características urbanísticas del terreno y la dotación de servicios".

Poco antes del receso para la comida y alzando su brazo en señal de victoria salía por la puerta el alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón, a quién le esperaba entre lagrimas y emoción su hermana y decenas de vecinos que entre vítores y aplausos gritaban frases como "lo sabía, en ningún momento hemos dudado de ti".

El primer edil zurgenero era puesto en libertad sin fianza con los cargos de cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio. Desesperado por encenderse su primer cigarro después de más de 48 horas detenido, el alcalde de Zurgena manifestaba su indignación por lo sucedido "me ha dado vergüenza ajena de las Instituciones que nos representan, esto está siendo un acoso del PSOE y de las instituciones que maneja".

Trabalón dijo sentirse orgulloso de su pueblo y agradeció las muestras de apoyo de los vecinos durante los últimos días.

Pocos minutos después hizo acto de presencia su esposa María Dolores García, que precisamente venía de declarar de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería como testigo.

El concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, acompañado por su abogado terminaba su declaración en torno a las 17:10 horas de la tarde y era puesto en libertad sin fianza con los mismo cargos que el alcalde.

Las primeras declaraciones de Tijeras en libertad fueron "tenemos la conciencia tranquila" y "todo lo que hemos hecho ha sido por el pueblo".

El primero en salir de los dos empresarios detenidos en esta investigación urbanística fue Tomás Zurano quien prefirió no hacer ningún tipo de declaración y eligió la puerta lateral para abandonar los Juzgados. Al empresario huercalense se le imputan los cargos de ordenación contra el territorio y desobediencia.Pilar Alfonso, titular del juzgado número 2 de Instrucción de Huércal-Overa, dejaba en libertad al último de los detenidos en torno a las 18:15 horas, el empresario natural de Zurgena Antonio López.

Los dos ediles y numerosos vecinos del municipio que a lo largo del día se fueron agolpando a las puertas de los juzgados recibieron al último de los imputados como si de una tarde de toros se tratara, por la puerta grande. Antonio López recibió el abrazo de su hijo y manifestaba tener la conciencia tranquila.

Su abogado Rafael Salinas explicó los cargos con los que su defendido era puesto en libertad sin fianza, cohecho y contra la ordenación del territorio.

En cuanto a la acusación de cohecho, Salinas detalló que se basa "en que mi defendido dejó en alguna ocasión un coche de su empresa al concejal de Urbanismo porque había tenido un accidente con el suyo". Decía no entender el por qué de la persecución hacia el municipio de Zurgena "hay muchas más viviendas en otros municipios en peor situación que en Zurgena y sólo este pueblo está siendo víctima de la persecución".

Además, la jueza decretó que los imputados tendrán que personarse el día uno de cada mes en los Juzgados.

En cuanto al procedimiento llevado acabo por los medios policiales, los letrados coinciden en lo "desproporcionado del dispositivo". Salinas llegó a afirmar en este sentido "yo no culpo a la Guardia Civil, ellos han hecho su trabajo, yo diría que esto viene de más alto". También el defensor de los dos ediles, Antonio Segura, anunció posibles reuniones con el resto de abogados para determinar si el procedimiento ha sido el adecuado en las detenciones.