La ampliación del Paseo Marítimo de la capital hasta el Delta del Andarax se la juega hoy, con el último intento del Ayuntamiento de Almería de conseguir financiación del Gobierno central destinada a la obtención de los suelos necesarios para la ejecución del proyecto. El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, y el concejal de Urbanismo, Juan Megino, se encuentran desde esta mañana en Madrid donde mantienen a primera hora una entrevista con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz Antolín.

El Paseo Marítimo es el único tema que llevan los representantes municipales en cartera, dividido en dos ejes centrales, dada la preocupación existente en el Consistorio por el futuro de este proyecto. En concreto, por la falta de financiación, el primer eje sobre el que versará la reunión con Paz Antolín.

La consecución del suelo necesario para hacer realidad este ya viejo proyecto requiere de una sustanciosa inyección económica, imposible de asumir desde las arcas municipales, según el concejal de Urbanismo.

El Ayuntamiento lleva gastado cinco millones de euros en la obtención de parcelas y ha procedido al derribo de varios chalets que se encontraban a pie de playa. Pero no es suficiente. Queda aún pendiente la expropiación de dos parcelas, y una de ellas es la de mayor dimensión. Con 60 hectáreas de superficie aproximadamente y una gasolinera en funcionamiento, su propietario reclama al Consistorio el pago de hasta 80 millones de euros, una cifra muy alejada de la voluntad municipal y de la disponibilidad económica de las arcas públicas.

Hay otros propietarios, además, que se han planteado presentar recursos contra las indemnizaciones que han recibido y cobrado del Ayuntamiento, lo que podría encarecer más aún la obtención del suelo, valorado en un principio en su totalidad en 22 millones de euros.

No es la primera vez que el Consistorio llama a las puertas del Gobierno central en busca de colaboración económica. Lo ha hecho a nivel local a través de la Subdelegación del Gobierno desde hace un año. La última conversación mantenida en noviembre terminó con la negativa de Costas a sufragar gastos expropiatorios, ya que el convenio que en su día firmó sólo comprometía al Ministerio de Medio Ambiente a pagar el coste de las obras, cuatro millones de euros.

El segundo eje de la reunión es la posibilidad, al no contar con la totalidad del suelo, de dividir el proyecto en fases para poder iniciar las obras.