José Añez, vicepresidente primero de la Diputación Provincial, y el diputado del área de Obras Públicas, Ángel Díaz, aclararán al juez cualquier extremo del juego político del PP, que quiere trasladar a los tribunales su frustración por lo que no consiguen en las urnas. Así, el PAL advierte que la estratagema urdida para dar a conocer precisamente hoy la citación comunicada hace unos días a Añez y Díaz, para declarar por un asunto sobre el que el Tribunal de Cuentas ya dejó clara en una provindencia 'la inexistencia de supuestos constitutivos de alcance, por lo que no cabe hacer pronunciamiento alguno con respecto a la existencia de presuntas responsabilidades', no es más que una cortina de humo ante un hecho que sí debía haberse producido hoy en Madrid, como es la declaración de José Luis Aguilar Gallart, diputado del PP en el Parlamento Andaluz y miembro de la mesa del Parlamento, por las irregularidades contables que se destaparon en la emisora pública de la Diputación Provincia ACL. En esas irregularidades, dinero que fue gastado sin justificación y cuyo destino se desconoce, también estuvo involucrado en un principio, declarando por tales hechos, el diputado Manuel Alías, aunque en este tramo del proceso abierto con los dirigentes del PP es sólo Aguilar quien ha tenido que avalar con un inmueble de su propiedad el más que posible reintegro de las cantidades de dinero público desaparecidas.

Destapado el origen de la cortina de humo que el PP pretende tender sobre sus actos con la judicialización de la vida política, los hechos por los que se llama a declarar a José Añez y Ángel Díaz corresponden al despido de determinados trabajadores que el PP dejó en herencia a la Diputación Provincial tras la salida de Luis Rogelio Rodríguez Comendador, actual alcalde de Almería. Prueba de este intento de manejo político del sistema judicial es que fueron precisamente dos diputados del PP, el ya desaparecido de la vida política Enrique Arance y el entonces relacionado con el caso de los fondos de ACL, Manuel Alías, quienes presentaron la denuncia por una supuesta malversación relacionada con los despidos. El supuesto hecho irregular en sí responde a una resolución judicial que obligó a pagar los sueldos de esos trabajadores, pese a que no iban a trabajar, mi entras se resolvía la conveniencia o no de los despidos. Una vez resuelto y readmitidos los trabajadores implicados, como el resto de aquellos que se benefician de los contratos del Plan de Fomento del Empleo Agrario, se sometieron a pruebas de selección que en unos casos superaron y en otros no.

Tanto Añez como Díaz cuentan con las pruebas, documentos, informes y dictámenes suficientes para que los hechos que desde el PP pretenden atribuirles con el único fin de ganar espacio en prensa y la notoriedad que no obtienen en el Salón de Plenos de la Diputación, sean perfectamente aclarados ante un juzgado de lo penal, en el TSJA, en el Constitucional y en cualquier otra instancia, ya que son conscientes de que el Partido Popular nunca aceptará una sentencia si tiene la posibilidad de recurrir ante una instancia superior con el fin de conseguir un titular del tipo 'Añez y Díaz, llamados a declarar por un tribunal'.