Almería

El PSOE llevará a pleno que el tren llegue a la capital durante las obras del paso a nivel

  • Pedirá estudiar la viabilidad de ejecutar un bypass ferroviario ofertado por las empresas en el proceso de licitación pública

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, anuncia que su grupo elevará al próximo pleno una moción que pretende que sea aprobada por el resto de partidos representados, incluido el Partido Popular, para instar al Gobierno de España, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), "a estudiar la viabilidad de ejecutar un bypass ferroviario, que pueda ser ofertado por las empresas en el proceso de licitación pública de las obras de eliminación y soterramiento del paso a nivel de El Puche, con el que se permita mantener la llegada y salida de trenes desde la Estación de Almería capital durante el desarrollo de las mismas".

Pérez Navas defiende que los socialistas "no queremos que se pare el proyecto, como dice el ministro que podría ocurrir, que es algo en lo que le rebato", sino que "lo que queremos simplemente es que, cuando se saque a licitación la obra, las empresas puedan presentar mejoras y hacer un posible bypass para que la Estación no se traslade a Huércal de Almería y, en consecuencia, que los viajeros no se tengan que trasladar".

"Ese es el sentido de nuestra moción. Sin retrasos en la obras, que se permita a las empresas licitadoras como mejoras para la obra el que se pueda hacer ese desvío provisional, vital para esta ciudad y para seguir siendo referente y capitalidad", ha subrayado.

En esa línea, el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento ha considerado que la eliminación del paso a nivel de El Puche, en este caso a través de su soterramiento como primer paso del proyecto global que su partido ha defendido siempre, es "una obra de imperiosa necesidad y de urgencia ante la situación que se vive día a día con el paso de miles de personas y de vehículos por ese entorno". Para Pérez Navas, esa eliminación ha sido asumida por el Gobierno de España "después de mucha presión social, política y de todos los colectivos, que se han tenido que echar a al calle para que asumieran que la obra era necesaria".

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