Almería

El PSOE critica la "grave situación económica" del Ayuntamiento de Vera

  • Según su portavoz, Pedro Fernández Céspedes, la mala gestión de Félix López ha provocado en déficit presupuestario, en 2007, de nueve millones de euros

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Vera considera que “el alcalde ha llevado al Ayuntamiento de Vera a una grave situación económica” ya que “el año 2007 ha concluido con un déficit presupuestario de nueve millones de euros”.

Para el Grupo Socialista, “éste es el resultado de una pésima gestión y de una mala previsión del equipo de Gobierno andalucista que, sin tener en cuenta la previsible desaceleración económica, ha gastado durante el año pasado lo mismo que en 2006, es decir, no ha ahorrado nada”.

El portavoz socialista, Pedro Fernández Céspedes, criticó en el Pleno del pasado día 29 al equipo de Gobierno “por haber gestionado unos presupuestos como quien vive en la opulencia, malgastando y sin pensar en el futuro”.

Como ejemplos claros del “despilfarro” de los andalucistas durante el año pasado, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Vera destacó “los gastos telefónicos, que ascendieron a 120.000 euros”. Concretamente, ha explicado que  “los teléfonos de los órganos de Gobierno costaron a los veratenses 26.187 euros durante 2007, eso significa que cada uno de los 11 concejales del Partido Andalucista gastó 203 euros al mes”.

Fernández Céspedes subrayó también como “pésimos” ejemplos de la gestión económica de Félix López los 110.000 euros en energía eléctrica; 19.353 euros en prensa y revistas ó 160.000 euros en servicios de iluminación y sonorización cultural.

De otro lado, criticó “los casi 16.000 euros que cuesta el arrendamiento del coche que utiliza el alcalde, entre otros ejemplos de la actitud de los andalucistas, que no recortaron sus gastos cuando sabían que habría menos ingresos por la situación inmobiliaria, ni siquiera cuando vieron que los ingresos eran sensiblemente inferiores a los que habían previsto”.

Según Fernández Céspedes, “se plantearon ahorrar dos millones de euros  con un teórico crecimiento de los recibos de la contribución y del impuesto sobre automóviles, además de las licencias de obra. En este último capítulo se equivocaron: ingresaron 3,8 millones menos de lo previsto. Y en cuanto al IBI y otros impuestos, su error fue de dos millones de euros menos”.

Así, ha reprochado a los concejales andalucistas que “calcularon mal y gastaron más” y ha insistido en que “la situación económica del Ayuntamiento de Vera es grave, ya que hay un remanente negativo de tesorería de unos 2,5 millones; un déficit presupuestario de nueve millones y una deuda a proveedores que supera los once millones de euros”.

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista votó en contra de la autorización que los andalucistas aprobaron en solitario para que el alcalde pueda emprender acciones judiciales contra autoridades y funcionarios de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista ha querido recordar al alcalde que “la Constitución obliga a las administraciones públicas, y el Ayuntamiento de Vera lo es, a actuar ‘con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho’ y a ‘cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales…’”. Asimismo, ha denunciado que “la documentación facilitada sobre este asunto a los grupos municipales es incorrecta y ambigua”.

Según Pedro Fernández Céspedes, durante el Pleno, “el concejal de Urbanismo, Francisco Vázquez, desveló que el Ayuntamiento quiere reabrir el caso de la vivienda de la familia británica demolida en pasado 9 de enero” y ha explicado que el Grupo Socialista se opuso, “ya que es una sentencia firme y ejecutada y porque, además, es el inicio de un camino fantasmagórico con un principio oscuro y un final incierto”.

Fernández Céspedes centró el debate “en la verdad de este asunto” que, a su juicio, “no es otra que los 600.000 ó  700.000 euros que a principio del mes de febrero reclamó el matrimonio Prior al único responsable de este asunto: el alcalde Félix López, que es quien firmó la licencia que un juez declaró nula, y ahora se niega a afrontar su propia responsabilidad”.

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