El equipo de Gobierno ha cerrado un acuerdo con la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Urbaser, para refinanciar la deuda que el Ayuntamiento de Almería ha acumulado desde 1986 y que, en la actualidad, supera los 33 millones de euros. Es el agujero en el bolsillo municipal que los responsables políticos pretenden coser a lo largo de ocho años, mediante un convenio que no tiene el respaldo de la oposición. El PSOE asegura que hay incluidas facturas ilegales, sujetas además a sentencias, y teme que este nuevo pacto acarree una subida de los recibos irremediable.

El alcalde ha incluido en el orden del día del pleno a celebrar el próximo lunes, en el punto siete, el "pacto novatorio" de la deuda contraída con Urbaser hasta 31 de diciembre de 2007. Asciende a un total de 33.300.000 euros. El "loro" millonario, como ayer lo calificaban los socialistas, tiene su origen en la etapa de Fernando Martínez como alcalde, cuando las arcas municipales eran más que flacas y en la que hubo momentos en las que el Consistorio tuvo graves problemas para poder hasta pagar las nóminas de los funcionarios.

En 1997, ya con Juan Megino, los populares en el Gobierno firmaron un convenio con entonces Onix-Itusa (luego Tecmed y ahora Urbaser), para poder hacer frente a la deuda contraída con pagos hasta 2008 para saldar los 3.000 millones de las entonces existentes pesetas (18 millones en euros, aproximadamente).

"Megino -PP- paga, Santiago Martínez Cabrejas -PSOE- paga y habría que preguntarse por qué Luis Rogelio Rodríguez-Comendador -PP- deja de hacerlo", se cuestionó ayer el viceportavoz del Grupo Socialista, Juan Carlos Pérez Navas. Restaban, en 2003, 9.221.250 euros, cifra que los intereses de demora han elevado a casi 6 millones más.

A la suma de estas dos cantidades hay que agregarles facturas por servicios especiales no contemplados en el canon de 2002 y otros conceptos que engordan la deuda hasta los citados 33,3 millones.

El nuevo convenio que el equipo de Gobierno quiere aprobar el lunes prorratea el débito con pagos, progresivamente más elevados, desde este año, con un primer ingreso cercano a los 2,5 millones, hasta 2015, cuando se abonará 4,9 millones. De saldar el Ayuntamiento la deuda en su totalidad, habrán transcurrido casi 30 años desde su origen.

La operación financiera es compleja, pero viene a complicarla aún más las facturas afectadas por las sentencias a favor de Urbaser que la empresa interpuso por impagos, así como la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del plan de servicios recurrido en 2005 por el PSOE. "Se amplió el canon a seis millones más y el interventor dijo que el pago de las facturas es ilegal".

Lo mismo ocurre, según Pérez Navas, con otros recibos. "Hay uno que se presenta en 2007, pero es de 2004 y encima el informe del interventor es de 2006", añadió el edil que, tras una extensa exposición, concluyó afirmando que el convenio es "ilegal".

El PSOE pide al alcalde que paralice la operación para buscar otra solución jurídica con la empresa o aseguran que, de recuperar el poder, anularán el acuerdo.