El Ministerio Fiscal ha solicitado para el alcalde de Sorbas y portavoz del Partido Popular en la Diputación de Almería, José Fernández, seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación por el que fue imputado en 2008 al haber concedido una licencia de obras para construir tres viviendas en suelo no urbanizable, catalogado como LIC (Lugar de Interés Comunitario), de Sierra Cabrera, concretamente en el paraje conocido como Los Pérez.

Juan Antonio Segura Vizcaíno, secretario de Política Institucional, acompañado de Francisco Sánchez, portavoz del PSOE en Sorbas y el resto de concejales de esta fuerza política en la localidad, que se personaron de forma particular en la causa, fueron los encargados ayer de informar del escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

El documento recoge además tanto para el alcalde como para el técnico municipal encargado de dar como favorables los informes para la construcción de las citadas viviendas, Pablo Antonio López, el mismo delito y cargos, junto a una multa de doce euros diarios durante catorce meses.

La licencia municipal fue concedida en 2006 a John W.S. para la construcción de las citadas tres viviendas unifamiliares .

La Fiscalía Provincial también imputa a este promotor británico y a la directora técnica, Paula P.U. por un presunto delito contra la ordenación del territorio, por lo que solicita otros seis meses de cárcel e inhabilitación especial durante dos años.

Además, ambos deberán responder del coste económico que supondrá la demolición de lo hasta ahora construido, cuya tasación alcanza los 9.443,95 euros, ya que la nulidad de la licencia fue declarada en 2008.

Este escrito de acusación podría verse acompañado en las próximas semanas o meses por otro de similares características ya que el alcalde de Sorbas también está imputado por otro presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio al haber autorizado la construcción de ocho viviendas unifamiliares en suelo rústico en la pedanía de La Mela.

Los hechos se remontan a 2005 cuando en una Junta de Gobierno local se aprobó esta licencia tras informes técnicos favorables del arquitecto municipal. La Fiscalia entonces aprobó la suspensión cautelar de la licencia de obra validada por el ayuntamiento y solicitaba a la compañía Sevillana Endesa que se abstuviese de realizar nuevos suministros al inmueble.