La Plataforma Solar tiene ya retenidos 6 millones de euros

  • Las trabas de Hacienda le impiden renovar al 35% de la plantilla con la que trabajaron en 2017

  • "Si las normas no vuelven a algo similar a 2015, la PSA no es viable", dice Sixto Malato

La Plataforma Solar de Almería (PSA) está considerado un centro estratégico por la Unión Europea y es el mayor centro de investigación de energía termosolar de Europa. Reconocimientos a su labor investigadora que le ha procurado un prestigio internacional de primer nivel. Pero, cuando el Gobierno se cruza, de nada le sirve. En la actualidad, la central tiene bloqueados más de seis millones euros. La cantidad supone prácticamente todo lo conseguido en 2016 y 2017 en proyectos de investigación. Representa la inmensa mayoría de los fondos de ID que la PSA podría estar ejecutando. Los problemas provienen de la nueva fórmula fiscalizadora del Ministerio de Hacienda y la retención del 50% de fondos debido a la incapacidad de los gobernantes para llegar a un acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La plataforma suma una decena de proyectos paralizados hasta disponer de recursos y de personal, pues a estas alturas, tan solo se han convocado cuatro plazas de las 17 necesarias, y de eso hace ya más de tres meses. Por el camino se han dejado de renovar a 14 empleados y en breve se perderán otros tantos. Y no es porque la Plataforma no disponga de fondos, que los tiene, simplemente no los puede utilizar.

"Si las normas no vuelven a algo similar a 2015, la PSA no es viable. Después de Semana Santa nos estamos planteando una rueda de prensa. Ya como ultimo recurso. Nosotros ya no podemos hacer mucho mas que mostrar lo que ocurre. La solución debe venir de los que tienen la herramienta de las leyes.", explica el investigador Sixto Malato.

Y a pesar de todo, de la agonía de la Plataforma, no hay noticia alguna. El pasado 22 de noviembre, las esperanzas estaban puestas en la reunión técnica a la que estaban citados los representantes los responsables de los organismos públicos de investigación (OPI) con el fin de arrancar un compromiso-solución al Ministerio de Hacienda. Les recibió el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela y la interventora general del Estado, María Luisa Lamela. A la cita también asistió Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Hubo alguna promesa, pero ninguna solución. Los responsables de la investigación científica a nivel nacional plantearon sus necesidades a Hacienda y estos se llevaron a cambio el propósito de crear un grupo de trabajo para estudiar las determinadas situaciones que se han ido creado en los centros de investigación. Y poco más.

La Plataforma Solar de Almería hizo pública su indefensión ante la fórmula en la que se fiscalizan sus recursos el pasado mes de noviembre, apuntando que si las reglas no cambia, el centro dejará de ser un referente a nivel mundial y, lo que es peor, en unos años podría incluso desaparecer.

Son puros trámites administrativos que están causando un perjuicio que podría ser irreparable si no se le pone freno según las fuentes consultadas por Diario de Almería. Esto provoca un retraso en el tiempo de la formalización y ejecución de proyectos. Las cuentas se ponen, de forma previa, en manos de un interventor cuyos dictados se deben cumplir antes de ejecutar cualquier proyecto sin tener en cuenta de dónde proceden los fondos.

¿Cuándo se convocarán el resto de plazas? En la Plataforma Solar tienen un absoluto desconocimiento. Se les dijo que durante 2018, pero sin fecha establecida. Las tres puestos de trabajo sacados a concurso entraban dentro de los presupuestos, "pero debieron de salir mucho antes, agrega Malato. "Las otras deben salir en 2018, Pero no tenemos fecha. Además, no tenemos ni idea de si los presupuestos de 2018 van a ser un dato relevante para convocar esos contratos", agrega. Financiación hay, porque a España han sido transferidos los fondos para esos proyectos.

Desde la Plataforma aseguran que les está costando "muchísimo esfuerzo" para que los responsables capten que están alertando de una situación que está complicada y se puede poner muy difícil si no se soluciona ahora. "Se está poniendo en riesgo nuestra capacidad de ejecutar proyectos internacionales".

La nueva reglamentación establece un control de intervención de carácter previo que se le aplica a cualquier ingreso que proceda de fuentes externas que representan el 60% de las retribuciones de la central solar. La Ley fija a los ingresos externos la misma intervención que a los públicos estatales, frenando el proceso de gastos y su justificación.

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