Han sido ya tres las manifestaciones que han realizado los vecinos de El Puche para reclamar mejoras para un barrio que, según ellos, se encuentra en una "situación límite". La próxima semana habrá otra. Esta vez con la rabia de haber visto como una familia con dos hijas pequeñas fue desalojada de su vivienda tras haberla adquirido por 20.000 euros hace dos años. Es a todas luces ilegal porque la casa es propiedad de la Junta, pero los desalojados afirman que no tenían conocimiento alguno. Los vecinos intentaron frenar el desalojo plantándose en el interior y exterior de la vivienda, pero no opusieron fuerza y al final el medio centenar de policías, a los que la orden del juez les permitía el uso de la fuerza, realizaron la ejecución.

El caso es que las protestas siguen. Los vecinos piden una comisión de vecinos en la Junta, un plan de inversiones entre las distintas administraciones y la mejora de la red de alumbrado público y saneamiento. Critican que "las agresiones desde los poderes públicos a los vecinos de El Puche han sido constantes". Denuncian "nula inversión en alumbrado público, calles, zonas verdes, limpieza, retirada de una línea de transporte público" y, argumenta, que sobre todo "han brillado por su ausencia las políticas de empleo en un barrio con una de las tasas de desempleo más altas de Andalucía". Sostienen que más allá de "la caridad asistencialista, que también se ha visto recortada, los poderes públicos (Ayuntamiento, Junta y Gobierno central) están llevando al barrio a una situación social insostenible con sus políticas". En definitiva, un plan integral que mejore las condiciones de vida del barrio.