La Policía Nacional y la Guardia Civil tendrán interlocutores con los profesionales sanitarios para intentar frenar y reprimir las agresiones a médicos y enfermeros en los centros de salud y hospitales de la provincia de Almería. Esta es, junto a otras, una de las medidas que recoge el protocolo puesto en marcha por el Ministerio del Interior desde el pasado verano ante el incremento de atentados a médicos y enfermeros no solo en la provincia, sino en el conjunto de España.

La Subdelegación del Gobierno acogió ayer una reunión de trabajo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Junta de Andalucía y representantes del sector sanitario de la provincia en la que se expusieron las principales novedades que aporta este protocolo de actuación policial ante la problemática que, pese a tener ya medidas de acción puestas en marchas por la Junta de Andalucía, sigue sin erradicarse.

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En la cita, el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, puso sobre la mesa las medidas con las que el Gobierno, consciente de la preocupación del sector sanitario, quiere dar respuesta a una reclamación de los profesionales para incrementar su seguridad. Así, destacó la "importancia de realizar un mapa de riesgos con las zonas más conflictivas de la provincia y donde se precisen actuaciones más inmediatas", para poder valorar bien la situación y las realidades de Almería y así poder poner en marcha las medidas más eficaces en cada caso.

Entre las novedades que a partir de ahora habrá para intentar reducir las agresiones y atentados a los profesionales sanitarios destaca la creación de la figura del interlocutor policial, que estará representada por agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Es una de las principales novedades y supondrá que siempre sea el mismo agente, por parte de Policía Nacional el inspector jefe de Seguridad Privada, Ulises Moreno, y por parte de Guardia Civil el Teniente Coronel, José Hernández Mosquera, quienes tendrán un contacto fluido y más directo con el sector sanitario para evaluar las situaciones y coordinar la actuación para que sea lo más eficaz posible. Los interlocutores asumen la labor de captación de información para determinar la forma más adecuada de actuar en cada caso. Es en definitiva, como explicó el subdelegado, "se trata de adoptar una estructura organizativa que permita afrontar esta realidad de forma coordinada y con unos instrumentos más eficaces en la prevención y represión de las agresiones".

García Lorca detalló a los representantes sanitarios y autoridades policiales presentes en la reunión parte de la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre las medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud y que se recogen en el protocolo, a la vez que hizo hincapié en que el objetivo final es "la mejora general de la seguridad en centros de atención primaria y hospitales tanto públicos como privados".

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández, consciente también de que la problemática se ha extendido y de que hay que hacerle frente para lograr el objetivo de cero agresiones, recordó que "la Junta de Andalucía tiene un protocolo de actuación en estos casos desde hace más de quince años que implica además atención a todos los profesionales que han sido víctimas. Se hizo contando con todo el sector y los sindicatos, y funciona en todos los centros sanitarios y hospitales de la provincia. Pero si ahora se ha hecho un protocolo para dotar de mayor seguridad a los centros y a los profesionales de la salud bienvenido sea".

Dentro de las medidas que se ponen en marcha con este nuevo protocolo está el traspaso de información a los profesionales para que a la hora de atender a un paciente agresivo sepan cómo actuar , o cómo abordar una situación en la que pueda haber conflicto entre el sanitario y el paciente o los familiares cuando tienen que dar una mala noticia...