La Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora NO y la Asociación de Residentes en Cantoria han hecho causa común con los propietarios de las viviendas construidas en el paraje de El Fas, en Cantoria, y sobre las que pesa la solicitud de demolición efectuada por la Fiscalía de Medio Ambiente.

Ambas asociaciones coinciden en que la mayoría de los propietarios enredados en la "trampa de la vivienda ilegal en el Valle del Almanzora, son víctimas del completo fracaso de la Administración al no haber mantenido y resguardado el orden de las normas de planificación en los últimos años".

Por su parte, los propietarios afectados por las viviendas de El Fas, cuyos promotores, Karim Smit y Julio Piñero Pedrosa, están imputados como presuntos autores de un posible delito contra la Ordenación del Territorio, han ejecutado su derecho a ejercer acciones penales y han solicitado que se investiguen, además, los posibles delitos de estafa, tráfico de influencia y cohecho.

Así, solicitan que sea imputado en la causa Pedro Llamas García, alcalde de Cantoria, al considerarle perfecto conocedor y consentidor de la construcción de las viviendas, además de firmar autorizaciones a empresas suministradoras de agua (Galasa) y energía eléctrica (Sevillana-Endesa y Endesa Distribución Eléctrica, S.L.) Igualmente solicitan sea imputado Daniel Poetsema, marido de la ya acusada Karim Smit, y que ha actuado en operaciones de venta en la empresa sujeta a investigación

Cabe destacar aquí que, según las averiguaciones realizadas, la empresa Southern Spain Consultants que ha servido de pantalla para las operaciones de los dos imputados hasta el momento, no figura en el Registro Mercantil como entidad mercantil de carácter limitada o anónima, sino que es una Comunidad de Bienes, por lo que las indagaciones para conocer su solvencia o patrimonio deben encauzarse a través de Hacienda.

De otro lado, Abusos Urbanísticos Almanzora NO, estima que "la planificación de manera anárquica en la que algunos constructores, arquitectos, abogados y otros profesionales fueron autorizados a operar, supone una inversión extranjera de entre 600 millones y 1,2 billones de euros".

La asociación espera que "las autoridades les traten de forma más humanitaria que a los señores Prior, de Vera, a los que demolieron su vivienda hace meses y ninguna administración, local o autonómica, quiere hacerse cargo de la correspondiente indemnización".

Así mismo, reclaman la atención de Luís Caparrós, "responsable del período de anarquía como delegado de Obras Públicas, actualmente delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio y, por lo tanto responsable también de proporcionar una solución al problema, y que considere la publicidad tan negativa que supone para Almería de demoler viviendas construidas con licencias municipales o adquiridas por propietarios engañados en su buena fe, sin indemnización previa".

Los propietarios de las posiblemente seis mil viviendas construidas en el Almanzora de forma irregular, manifiestan sentirse atrapados "en el fuego cruzado de litigios" entre los que no cumplieron las normas de planificación y los que las ignoraron y ser ellos los perjudicados.