Hacer frente al pago de las nóminas o pagar a los proveedores se ha convertido en los tiempos que corren en un auténtico quebradero de cabeza para muchos ayuntamientos almerienses. Las causas de esta bancarrota pueden ser múltiples aunque siempre está el denominador común de la crisis. Esta palabra tan manida en la actualidad en todos los consistorios españoles cobró fuerza con la caída de la construcción, provocó un efecto dominó inquietante para las arcas municipales y supuso para los ayuntamientos una importante reducción de ingresos que provenían del sector inmobiliario.

En Almería, los datos son alentadores y hablan por sí solos. De los 800 millones de euros que ingresaron las 102 casas consistoriales de la provincia en 2006, la cifra se ha reducido hasta 400 millones de euros en 2010. En tan sólo cuatro años, la recaudación obtenida por el ladrillo y sus derivados se ha reducido hasta la mitad.

Según el Instituto de Práctica Empresarial (IPE), uno de los más prestigiosos del país en el sector inmobiliario, en los momentos más boyantes del boom de la construcción en el Colegio de Arquitectos de Almería se presentaron en 2005 y 2006 más de 20.000 visados o proyectos nuevos, mientras que en 2009 la cifra se redujo hasta 1.000. El responsable de investigación y estudios del IPE, José Antonio Pérez, comenta que "en la provincia de Almería el ajuste ha sido más fuerte por la gran parálisis de los proyectos".

Las previsiones de los expertos no son tan pesimistas, ya que "todo está en condiciones de reanudar el buen ritmo de compraventas de antaño en la provincia de Almería", reconoce Pérez.

La crisis del ladrillo ha hecho que se desplomasen los muros que sostenían la economía de los consistorios. En cuanto a los datos andaluces, los ayuntamientos han dejado de ingresar en cuatro años nueve de cada diez euros, es decir, 3.000 millones de euros, lo que supone un 2% del Producto Interior Bruto.

Los conceptos por los que los ayuntamientos engordan sus arcas en el sector inmobiliario son básicamente dos: los impuestos y tasas por ejecución de obras y los aprovechamientos urbanísticos. La caída respecto al pasado ejercicio se estima del 27,25% en Andalucía.

Cada vez que se lleva a cabo una promoción en un pueblo, la empresa debe ceder un porcentaje del suelo al Ayuntamiento que ronda en torno a un 10%. El modus operandi más normalizado era transformar esa cesión de suelo en dinero, aunque la ley aconseja que ese recurso debe ser convenientemente argumentado. Esta práctica es conocida como monetarización del aprovechamiento urbanístico, una de los grandes formas que tenían los ayuntamientos para insuflar sus arcas durante la época de las vacas gordas junto a los ingresos de las licencias de obra. En cuanto a datos nacionales, entre 2000 y 2006, el sector inmobiliario español ingresó en las administraciones 200.000 millones por licencias y aprovechamientos urbanísticos para los municipios e IVA e impuesto de transmisiones. Andalucía generó el 20% de esta recaudación y en algunos municipios almerienses, la caída ha sido del 90%.

Los expertos auguran una incipiente recuperación del sector, pero José Antonio Pérez lanza un aviso para navegantes ante otro posible exceso de demanda y subida de precios en un futuro: "El stock de viviendas ya se está digiriendo porque se está vendiendo más de lo que se construye. Aunque hay zonas donde queda mucho por vender y otras donde ya falta producto y se están iniciando promociones y gestión de suelo para evitar que dentro de dos años suframos un exceso de demanda y vuelvan las tensiones de precios", apostilla el responsable del IPE.