Carboneras

El alcalde no concurrirá a reelección tras siete mandatos y un indulto por delito electoral

  • Cristóbal Fernández ha pasado el relevo a Ginés Navarro Ballesta para "apostar por nuevas ideas y personas" tras 28 años de vida política.

El alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández (PSOE), no va a concurrir a la reelección tras siete mandatos casi ininterrumpidos en el cargo, del que se vio obligado a dimitir en noviembre de 2006 para así cumplir la pena de inhabilitación impuesta por la comisión de un delito electoral del que fue indultado por decisión del Consejo de Ministros apenas seis meses antes de que se celebrasen los últimos comicios.

Fernández, quien ha pasado el relevo a Ginés Navarro Ballesta por una propuesta unánime de la Ejecutiva Local, ha explicado en una nota que toma la decisión "no por cansancio" sino por "querer hacer otras cosas" y ha asegurado que ha llegado "el momento" de la "renovación y de apostar por nuevas ideas y personas para continuar el proyecto socialista con nuevos bríos".

En esta línea, ha destacado que tras 28 años de vida política, "dedicados en su mayoría al ámbito municipal" aunque con presencia también en el Parlamento andaluz, mantiene "la misma ilusión que el primer día" aunque, según matiza, "tengo ganas de dedicarme a otros menesteres".

El primer edil carbonero, firme defensor de la legalidad del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, ha hecho balance asimismo de su trayectoria política que ha tildado de "satisfactoria" ya que, ahonda, "en todo momento, con mis errores y mis aciertos, he trabajado pensando en mis conciudadanos".

El Consejo de Ministros concedió en diciembre de 2006 a Cristóbal Fernández el indulto de la pena de inhabilitación para cargo público a la que fue condenado en firme por el Tribunal Supremo (TS) a condición de no cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación. En mayo de 2007, tras concurrir de nuevo como candidato por el PSOE, Fernández ganó las elecciones locales con mayoría absoluta.

El proceso penal que derivó en la inhabilitación por periodo de seis meses por forzar al conserje de un colegio a votar al PSOE tuvo como consecuencia otras dos condenas para el regidor. La Audiencia Provincial confirmaba hace dos años una pena de multa de 20 días a razón de seis euros diariospor injuriar con expresiones como "borracho" y "drogadicto" al funcionario municipal y militante de IULV-CA que en 1999 interpuso la denuncia contra el. La sentencia le obligó a pagar además una indemnización de 1.000 euros.

Un mes después el mismo órgano ratificó la pena de 15 meses de multa a razón de 12 euros al día por calumniar a uno de los magistrados que componían el tribunal que le condenó por delito electoral al realizar, según el fallo, "falaces imputaciones de hechos con matices delictivos" al magistrado Manuel Espinosa con "plena conciencia" del efecto que éstas ocasionarían tanto en la opinión pública como en su dignidad y honor, que debió reparar con el pago de 5.000 euros en concepto de indemnización.

En concreto, Fernández distribuyó en una comparecencia pública convocada en febrero de 2005 una nota de prensa en la que pretendía dejar entrever que uno de los tres integrantes del tribunal que lo juzgó tenía una predisposición en su contra para ayudar a su cuñado como director de Endesa en Almería y favorecer, así, los intereses económicos de la compañía.

El primer edil carbonero establecía en el citado documento una clara relación entre el juicio y la pretensión de Endesa de instalar una central en el municipio, extremo último al que se oponía el equipo de gobierno del PSOE que el presidía. Asimismo, facilitó una información "inveraz" al asegurar que se había producido un cambio de magistrados en una sección en la Manuel Espinosa desempeña su labor "de manera ininterrumpida desde 1995".

Junto al primer edil fue condenada en 2005 su hermana, primer teniente de Alcalde y secretaria de la Agrupación Municipal del PSOE carbonero, Rosario Fernández, contra la que un juez dictó el pasado mes diciembre la apertura de procedimiento abreviado al apreciar que pudo cometer un delito electoral cuando, de cara a las elecciones municipales de 2007, logró que una vecina votase por correo a la lista socialista tras ofrecerle un puesto de trabajo como limpiadora en el Ayuntamiento.

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