Almería

El índice de delicuencia en menores cotiza al alza a lo largo de la provincia

  • La fiscal delegada de Menores de Almería advierte de los riesgos del absentismo escolar

  • Los casos de violencia de los hijos contra los padres aumentan notablemente en la provincia

Mariola Gómez Ponce es la fiscal delegada de Menores en Almería. Junto a otras dos fiscales tiene encomendada la protección de esta parte tan sensible de la sociedad pero también la obligación de actuar contra aquellos que han incumplido la ley. Uno de los asuntos que más preocupa a esta delegación del Ministerio Público es el absentismo escolar, una lacra que puede tener consecuencias para nada deseadas. "El absentismo varía según las zonas, el índeice fluctúa mucho. En algunos institutos o centros de enseñanza secundaria podemos decir que casi la totalidad de la barriada no acude a clase y las dificultades son muy grandes. Por eso la respuestas judicial, la respuesta fiscal es más grande, porque se ejemplifica con los demás", apunta la fiscal en una entrevista con Diario de Almería.

Sostiene, no obstante, que el principio de prevención general está funcionando "muy bien" y añade que también hay muchos menores absentistas que no se encuentran en zonas o barriadas que sirvan de arrastre, sino que tienen problemas familiares específicos y falta de atención por parte de unos padres que "están todo el día trabajando o que no tienen tiempo y no priorizan que tienen que estar pendientes de los niños". "Hay muchos menores que se encuentran solos, menores que empiezan ya a coquetear con estupefacientes", advierte.

Hay muchos que se encuentran solos, sin atención, y empiezan a coquetear con los estupefacientes"

"No obstante, es cierto que algunas zonas de la provincia son más problemáticas; conforme más marginalidad haya, más absentismo habrá, aunque cuando trabajas con ellos, responden muy bien", añade. En cuanto a los riesgos, Gómez Ponce recuerda que la ley ya considera que el absentismo pone en una situación de riesgo a los menores. "Cuando recibimos un informe de la Policía Nacional de la Guardia Civil, de la Policía Autonómica, partes médicos o la denuncia de particulares,instruimos unas diligencias procesales y se hace una investigación para conocer la situación de esos menores. Pedimos información a los servicios sociales comunitarios y también a la Policía, al Área de Protección del Menor (Aprome), para que nos digan si se trata de una situación puntual, si no ha ido a clase porque ha estado malo una temporada, si los padres tienen una razón justificada para que haya dejado de ir a clase, etc."; explica.

Y es que "los riesgos son todos". "Hasta Secundaria tienen la obligación de ir a clase y formarse. Si no te formas, el ocio improductivo es un enemigo absoluto de la infancia. Tener tanto tiempo para pensar en no hacer nada es brutal para el menor y lo va a empujar, inevitablemente, a que pueda comenter un hecho delictivo o a tener contacto con sustancias tóxicas como el alcohol, las drogas...", dice.

Precisamente, mientras Gómez Ponce realiza estas declaraciones, se hace público que ha solicitado 8 años de internamiento para el presunto autor del incendio en el que murieron un joven de 21 años y dos chicas de 12 y 15 en una casa cueva de La Molineta. "No entraré en profundidad porque está próxima la celebración del juicio. No estaban en horario lectivo porque los hechos se desarrollaron por la tarde pero es una muestra de que a los menores hay que encauzarles el ocio y que en los planes educativos y municipales de ayuntamientos y entidades locales deben desplegarse los mayores programas posibles con actividades deportivas y de ocio productivo para evitarlo, porque estar en determinados sitios, con determinadas personas, haciendo determinadas actividades, hace muy fácil que ocurran situaciones complicadas y difíciles. Por supuesto, no digo algo tan terrorífico como lo que ocurrió en La Molineta", afirma.

"Estar de manera continuada, aunque en este caso -Cynthia y Naima- no eran niñas que estaban mucho en la calle, estar mucho en la calle sin control, hace mucho más fácil que te ocurran determinadas circunstancias; estás comprando más papeletas para que te ocurra", apostilla.

Por este motivo, desde la Fiscalía de Menores no se duda a la hora de denunciar a los padres que, tras recopilar la información terninente, demuestran tener poca voluntad en la escolarización de sus hijos. Antes, se les advierte, se les cita, se les llama a través de Aprome pero, si aún así dan "excusas sin sentido" y demuestran su "dejadez y se ve la falta de conciencia de que no formar a sus hijos es tanto como no alimentarlos y privarlos de las armas más importantes para que se desarrollen como personas maduras", son denunciados de acuerdo al artículo 226 del Código Penal, que prevé de 3 a 6 meses de prisión o multas de 6 a 12 meses, sanciones que son graduables". "Normalmente pedimos una multa, no queremos encarcelar a la gente por no llevar a clase a sus hijos, intentamos convencerlos y concienciarlos, dentro de un proceso penal para que se les imponga por sentencia la obligación de escolarizarlos y matricularlos", manifiesta la fiscal, aclarando que si se produce una actitud continuada, en ese caso no se duda en pedir prisión. Y es una medida especialmente importante en progenitores con condenas anteriores, que intentan cuidarse las espaldas ante el peligro de ingresar en un centro penitenciario ante una nueva condena. En lo que va de año se han cursado 55 de estas denuncias, lo que significa que "se ha filtrado muchísimo" porque se han alcanzado los 180 expedientes de riesgo por absentismo escolar. Asimismo, indica que cuando se retira la custodia de los niños no suele ser sólo por el absentismo. "Más que un factor único es un elemento de información, incluso de posibles negligencias y malos tratos".

Pero la Fiscalía de Menores no sólo se dedica a luchar contra el absentismo y defender a los niños y adolescentes, también debe hacer que éstos cumplan la ley. Y la situación de la provincia almeriense no es especialmente positiva: "A nivel de expedientes de reforma, siendo mediana, es una de las provincias que a nivel provincial tiene más delincuencia juvenil, si la comparamos con otras del mismo tamaño o población, la diferencia es brutal". Gómez Ponce precisa que las zonas costeras ya de por sí tienen una mayor delincuencia por su mayor movimiento de personas, número de extranjeros de vacaciones, en tránsito a Europa o que finalmente se quedan a residir en ellas. "Vícar, La Mojonera, El Ejido, en el Levante... tenemos poblaciones con muchas nacionalidades, pueblos en los que se lleva bien la convivencia con mucho esfuerzo", dice la fiscal, quien argumenta que para los hijos de inmigrantes es además más fácil que los progenitores estén todo el día trabajando, lo que posibilita que no vayan a clase. "Y cuando no se va a clase, finalmente terminan delinquiendo". "Nuestra ubicación geográfica, el ser una provincia con mucho movimiento, tránsito y tipos de poblaciones, hace que el índice de delincuencia de menores sea más alto", asegura. Buena muestra de ello es que 2016 concluyó con 690 expedientes de reforma incoados y que este año son ya 580. Las diligencias que no se materializan en uno de estos expedientes pueden ser el triple. Hasta ahora, los delitos más habituales eran aquellos contra el patriminio o socioeconómicos como hurtos, robos con violencia; también los de lesiones, y como mucho un asesinato/homicidio o dos al año.

Sin embargo, la fiscal advierte rotunda: "Ha aumentado de forma brutal la violencia doméstica, la filiopaternal de hijos a padres. Es muy grande, los números se están disparando y las medidas cautelares de urgencia que se han dictado este año corresponden en más de un 50% a estos casos, que afectan a todos los niveles sociales. Debemos replantearnos que algo está pasando". Curiosamente, la violgencia de género no es tan problemática ya que a estas edades los menores no han tenido tiempo aún de establecer relaciones estables. "Tienen parejas muy cambiantes pero la violencia en el ámbito familiar es la antesala de la de género y la del ámbito escolar. La violencia familiar es muy triste porque los padres llegan a ti después de pasarlo mal durante mucho tiempo. Además, de las parejas te puedes separar pero de un hijo no. Tenemos medidas como convivencias con grupos educativos, internamientos, si es necesario control de estupefacientes... con un éxito de recuperación bastante grande", sostiene. Al ser interpelada por las órdenes de alejamiento en estos casos, dice que a pesar de que es una medida que por lo general se pide con bastante frecuencia, es algo complicado cuando se trata de violencia familiar. Antes de llegar a este punto se intenta solucionar la situación con libertad vigilada, apoyo y control a la familia, talleres, control del menor en clase... pero si la escala el grado de violencia familiar se pasa a la convivencia con grupos educativos y se retira al menor del domicilio, participando en talleres para poder acercarlo gradualmente. Sólo en los casos más gravosos se opta por un internamiento y siempre con un programa de interrelación entre padres e hijos.

En otro ámbito, la fiscal se refiere a los expedientes de riesgo y tutelas. En 2016 hubo 924 expedientes de riesgo -con investigaciones para determinar si era algo puntual o no- y a 2 de octubre de este año ya son 673. En cuando a las tutelas, que se dan cuando la situación es preocupante y los menores acaban en centros o familias de acogida, en 2016 hubo 117 y este año 94. "La stiuación tiene que ser realmente mala porque puede ser traumático para los niños, que a veces creen que están castigados, siempre se intenta que se queden en su entorno", especifica. En cuando a los internamientos cautelares de menores por distintos delitos, en 2016 hubo 57 y este año son ya 30 los ordenados. De ellos en régimen cerrado sólo hay dos, el de los acusados por el incendio mortal de la casa cueva de La Molineta y otro por agresión sexual, aunque el mayoritario es en régimen semi abierto. También se producen convivencias con grupos educativos, que han aumentado "bastante": En 2015 hubo 18, 26 en 2016 y en lo que va de año 18, todos ellos por casos de violencia familiar.

"Tenemos un sistema que funciona; casi todos los profesionales que trabajan con menores a distintos niveles son gente implicada y no se desaniman porque tienen un resultado, tenemos detrás a muchas familias y menores que responden muy bien a las oportunidades que se les brindan y que recogen", concluye.

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