medio ambiente

Trece municipios pendientes del veto al Plan de Protección del Litoral

  • El TSJA anula una norma que blindaba 11.500 hectáreas de la costa almeriense -los primeros 500 metros desde el dominio público marítimo terrestre-, haciendo inviables 15.000 viviendas

Pasarelas y duchas en uno de los tramos de playa de la urbanización de El Toyo con el parque natural de Cabo de Gata-Níjar al fondo. Pasarelas y duchas en uno de los tramos de playa de la urbanización de El Toyo con el parque natural de Cabo de Gata-Níjar al fondo.

Pasarelas y duchas en uno de los tramos de playa de la urbanización de El Toyo con el parque natural de Cabo de Gata-Níjar al fondo. / rafael gonzález

Lo que no consiguió el PP a través de las diputaciones provinciales de Almería, Málaga, Granada y Cádiz presentando en el Tribunal Constitucional un recurso contra el decreto ley de mayo de 2012 que regula la planificación urbanística del litoral andaluz, lo ha logrado un sólo ayuntamiento, el gaditano de Barbate, con otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el plan con el que se desarrolló esa normativa, el de Protección del Corredor del Litoral, que se aprobó en 2015 con el objetivo de poner límite a las nuevas construcciones en suelos todavía sin urbanizar de la franja costera de la comunidad. El fallo del TSJA anula el plan estrella en la salvaguarda medioambiental del entonces consejero Luis Planas por un motivo meramente formal en base a la falta de competencia del gobierno de la Junta, entonces en funciones, para la aprobación del instrumento de planificación territorial con el que se frenó la edificación de 43.500 viviendas en la franja costera de 500 metros de anchura a partir del dominio público marítimo-terrestre. Ya en la fase de información pública se recibieron 3.457 alegaciones y las críticas de los 52 ayuntamientos afectados al no tener aprobados los planes de ordenación (otros 10 si tienen la normativa adaptada) y bajo el paraguas del PP andaluz y cuatro diputaciones cuestionaron que la administración autonómica invadía las competencias locales.

El plan prosiguió su marcha, aceptando en torno al 35% de las alegaciones, pero la tramitación se prolongó en exceso hasta sufrir el pasado 7 de septiembre un duro varapalo judicial que deja todo lo previsto en el aire, aunque desde la Consejería de Medio Ambiente recuerden que la sentencia no es firme y que presentarán, si así lo estiman los servicios jurídicos, un recurso de casación en el Tribunal Supremo. Ahora los consistorios de las cinco provincias afectadas, que en su mayoría presentaron las alegaciones -48 de los 62 incluidos en el norma- quedan pendientes de la firmeza del bloqueo de un plan que puso coto a la edificación de 15.000 viviendas en el litoral almeriense. Este veto al ladrillo ahora paralizado no sólo afecta a 13 municipios almerienses, sino que además ha condicionado el desarrollo de 19 sectores que se distribuyen por toda la costa. En su texto planteó restricciones a la urbanización de los terrenos libres que disponen de valores naturales o paisajísticos relevantes, a zonas inundables en el Levante e incluso a ámbitos que ya tenían protección ambiental. La Comisión Provincial de Urbanismo informó cuando se validó la nueva norma que afecta a 11.500 hectáreas y suponía una rebaja del 25% de las viviendas previstas en la franja litoral y el 10% de las que se habían recogido en los planeamientos urbanísticos de los trece municipios.

La protección del plan no impidió levantar la cautela sobre 45.000 viviendas en Almería

La sentencia contra el plan que aprobó la Junta, en base a que se excedía el despacho ordinario de un gobierno en funciones, deja sin validez las restricciones del que se concibió como un instrumento de protección, no de ordenación, con el que preservar del ladrillo las franjas del territorio costero que no habían sido ocupadas por los crecimientos urbanísticos para evitar que los núcleos existentes, inicialmente independientes y contiguos por sus márgenes, sigan creciendo y acaben formando una unidad. Una herramienta para proteger la conexión territorial de la primera línea de costa con los ámbitos interiores de la provincia. A pesar de los frenos, la Comisión Provincial de Urbanismo reveló que la propuesta de protección del plan, no ha impedido levantar la cautela sobre 45.000 viviendas en el litoral almeriense.

En el conjunto de Andalucía son 62 municipios andaluces y 50.000 hectáreas los que se integran en el plan previsto para los primeros 500 metros de 859 kilómetros de costa. La normativa que ahora se ha visto anulada supone un 50% de incremento de la superficie de terreno protegido en la costa y ya tiene protección un 55% de esta franja al pasar de 18.000 a 27.000 hectáreas. Además de basarlo en el interés general, se esgrimió en todo momento su contribución a una oferta turística de calidad.

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