El Ayuntamiento de Albox ha elaborado un protocolo de actuación para actuar ante posibles casos de desahucios de vivienda habitual que se produzcan dentro de su término municipal. El objetivo de este protocolo es el de atender a aquellas personas que, como consecuencia de un procedimiento judicial iniciado por la falta de pago de un crédito hipotecario, se vean obligadas a abandonar su única vivienda por una orden judicial de lanzamiento.

Los concejales con responsabilidades en esta función se han reunido en esta pasada semana para conocer los últimos detalles para la puesta en marcha del plena. El protocolo se aplicará cuando el Ayuntamiento de Albox tenga constancia de una situación de este tipo, bien por comunicación de la Policía Local o bien de la persona afectada. En ese caso, se orientará a las personas interesadas desde el Área de Servicios Sociales. Cuando la Policía Local reciba la orden de lanzamiento, se pondrá en contacto con la persona afectada requiriéndole la autorización para que las diferentes áreas del Consistorio intervengan en el caso.

El alcalde de Albox, Rogelio Mena, cree que es "una injusticia que las personas más afectadas por la crisis, además de perder su hogar, queden endeudados de por vida" por lo que "desde el Ayuntamiento considerábamos que debíamos actuar trabajando por evitar este tipo de desahucios". Mena recuerda que "Albox ya fue pionero en posicionamientos anti-desahucios cuando en 2013 instamos a la Policía Local a no participar en ellos, ya que entendemos que su labor es la de ayudar a los vecinos, no echarles de sus casas. Desde este Ayuntamiento estamos no vamos a hacer el juego sucio a entidades financieras, aunque ahora, gracias a este protocolo, siempre estaremos dispuestos a hablar con ellas e intermediar para proteger a nuestros vecinos".

De este modo el Ayuntamiento de Albox, siempre con la autorización de la persona afectada, recabará la información sobre su relación con la entidad financiera, exigirá si procede la paralización indefinida del procedimiento de desahucio y dará a conocer la propuesta de la persona afectada al banco, mediando siempre con la entidad financiera.

El protocolo también prevé que, en el caso de que se tenga conocimiento de un desahucio pasando por alto la propuesta de intermediación, el Pleno municipal revise las relaciones económicas, institucionales y de cooperación con las entidades financieras valorando la retirar de fondos municipales si fuera oportuno. Las áreas y cuerpos que coordina el protocolo para trabajar en su aplicación son Policía Local, Alcaldía, Servicios Sociales, Urbanismo y Obras y Servicios.

Esta iniciativa municipal estipula medidas para la integración social de los afectados más allá de la mediación, con soluciones como la gestión de una vivienda pública en régimen de alquiler social o con ayudas económicas o laborales como el asesoramiento para la participación en los diferentes planes de empleo.

"El derecho a una vivienda es un derecho constitucional fundamental por lo que estamos contra la actual legislación y a favor de la dación en pago", recuerda Rogelio Mena, por lo que "a la vista de que el número de desahucios ha crecido de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, desde el Ayuntamiento de Albox, tal y como nos comprometimos con nuestros vecinos, debíamos tomar medidas para atender a las personas o familias albojenses que vean peligrar su derecho".