M. P. L., el sargento de la Guardia Civil de Roquetas de Mar acusado de colaborar con la red de narcotráfico que introdujo al menos diez toneladas de hachís por la costa almeriense, atribuyó ayer su imputación a la "venganza" de su teniente, al que denunció en el año 2000 por aceptar como regalo del dueño del club de alterne Volcán de El Parador unas porras que había traído del Caribe y que, según él, fueron empleadas el día 24 de julio de 2005 contra el agricultor Juan Martínez Galdeano, que falleció en el cuartel en el conocido como caso Roquetas. En su declaración durante la vista oral celebrada ayer en la sección primera de la Audiencia Provincial de Almería, M. P. L. negó haber colaborado con la organización de narcotraficantes.

Argumentó que el Grupo Fiscal Antidroga le "implicó en los pases de hachís" por haber denunciado que su superior, "íntimo amigo del instructor de las diligencias contra la banda", mantenía relaciones irregulares con el club Volcán, entre las que ha incluído la petición de fondos para celebrar una comida por el día de la Patrona. El acusado contó que formuló la denuncia contra el teniente después de que tanto a él como a los otros dos agentes imputados se les atribuyeran delitos de revelación de secretos contra los derechos de los trabajadores, cohecho e inducción a la prostitución por sus "relaciones" con el club con el que, según su versión, sólo mantenían contactos por "motivos laborales".

El sargento resaltó la enemistad que existía entre el grupo de investigación de delitos comunes del que estaba al mando desde principios del 2000 y el GIFA ya que, entre mayo y agosto de ese año su unidad realizó "con muchos menos medios" varias intervenciones de importantes cantidades de droga, lo que causó "malestar" en el grupo especializado.

Asimismo declinó haber seguido "nunca" con su coche la cámara térmica empleada por la Benemérita en operaciones antidroga para facilitar el trabajo de la banda de narcotraficantes y criticó que su relación con las coordenadas donde se realizaron los alijos se debió a una "novela endiablada" del teniente del GIFA para tratar de inculparle por "represalia".

M. L. P. y los otros dos guardias civiles se enfrentan a un total de 17 años y tres meses de cárcel como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos y violación de secretos por su supuesta colaboración con la red. Junto al sargento, prestaron testimonio otros acusados.