La injusticia que se está llevando a cabo con los trabajadores de Urbaser en Garrucha ha sido, en opinión de Francisco Cazorla, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, el germen de la manifestación que ayer recorrió las principales calles de Garrucha y en la que participaron aproximadamente doscientas personas como protesta por los despidos de 18 trabajadores de esta empresa que hasta la semana pasada realizaba los servicios de limpieza viaria y en edificios públicos. Para Cazorla, "el Alcalde ha actuado saltándose el acuerdo con los trabajadores y el ERE de Urbaser. El día 1 del pasado mes de junio empezaron los despidos sin respetar la Ley de contratación de las empresas con las Administraciones públicas. Por lo tanto, para continuar prestando los servicios de limpieza el Ayuntamiento tendría que haber recogido a estos trabajadores". El secretario de FSP de UGT, al igual que los ediles del PSOE, no cree que el Alcalde ignore cómo, cuándo y porqué se ha contratado a otras empresas para efectuar los servicios de limpieza, "porque es el Alcalde", añade Cazorla, "quien ordena todo el procedimiento de la Administración local. No puede decir que eso lo sabe el Secretario municipal que está de vacaciones".

A Cazorla no le cabe duda de que "este es el plan B del que hablaba el alcalde, que antes de rescindir el contrato con Urbaser ya había concertado con las dos empresas que actualmente hacen la limpieza. Esto estaba planificado de antemano. Ya está bien, el alcalde nos está tomando el pelo, y no es momento para tomarle el pelo a los trabajadores y a sus representantes".

De otro lado, los concejales socialistas del Ayuntamiento que hasta ayer permanecieron en encierro de protesta en las dependencias municipales, han cambiado la estrategia para obligar al alcalde, Juan Francisco Fernández, a que ofrezca explicaciones acerca de la contratación de dos empresas para los servicios de limpieza tras rescindir contrato con Urbaser. Así, según la portavoz municipal, María López, "hemos registrado esta mañana (por ayer) la convocatoria de un Pleno extraordinario, ya que superamos un tercio de los ediles de la Corporación. El alcalde está obligado a convocar la sesión en el plazo de 15 días hábiles, con el orden del día que indiquemos y que incluiría su comparecencia para que explique públicamente la contratación de las empresas que realizan la limpieza tras resolverse el contrato con Urbaser, la admisión de los 18 despedidos en la plantilla municipal y la modificación presupuestaria para dar cobertura a dicho personal".