El CGPJ decidirá la suspensión del juez Tirado el 17 de diciembre

  • El vocal Félix Azón tiene aún que elaborar una propuesta de sanción, que podría ir de cero hasta los tres años sin empleo y sueldo que solicita la Fiscalía General

Comentarios 6

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordará en su reunión del próximo 17 de diciembre los recursos presentados por la Fiscalía General del Estado y el juez Rafael Tirado contra la sanción de 1.500 euros que le impuso el anterior órgano de gobierno de los jueces por el retraso en la ejecución de una condena al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés. La Fiscalía solicita tres años de suspensión de empleo y sueldo, por una falta muy grave de desatención y retraso injustificado en la tramitación de las causas ejecutorias en su juzgado, al entender que al retrasar durante más de dos años el encarcelamiento de Del Valle el magistrado "quebró" el Estado de Derecho.

El CGPJ acordó ayer acelerar los trámites obviando un trámite intermedio que estaba previsto que se solventase en la Comisión Disciplinaria. Los nuevos vocales tendrán que decidir sobre si ratifican la multa económica o endurecen la sanción y acuerdan una suspensión de empleo y sueldo para el magistrado, como ha solicitado el Ministerio Público y han reclamado públicamente varios miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes del CGPJ confirmaron ayer que el 17 de diciembre es la fecha en la que el Pleno del Poder Judicial podría abordar la sanción al juez Rafael Tirado, que ha estado en la base de un movimiento de la judicatura que, al margen de las asociaciones profesionales, se ha llegado a plantear en la intranet del Consejo hasta la posibilidad de llevar a cabo una huelga si se confirma la suspensión del juez Tirado por unos errores que muchos magistrados achacan a la secular falta de medios de la Justicia. Estas carencias han llevado a las juntas de jueces a advertir reiteradamente que existe el "riesgo cierto" de que puedan volverse a producir situaciones como las que posibilitaron que Del Valle continuara en libertad a pesar de una sentencia firme de dos años y nueve meses de cárcel por haber abusado sexualmente de su propia hija.

Tanto la Fiscalía General del Estado como el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla ya han elevado al Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces sus recursos contra la sanción de 1.500 euros. El Consejo ha nombrado ponente del caso al vocal Félix Vicente Azón, que fue propuesto por el PSOE y es miembro de la asociación progresista de Jueces para la Democracia (JpD).

Con independencia de la decisión del Consejo, cuyo presidente, Carlos Dívar, ya anunció recientemente que difícilmente podrá contentar a todos, con toda probabilidad el caso acabará en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, a donde el propio juez Tirado o la Fiscalía podrían recurrir la sanción que finalmente imponga el Poder Judicial y que agotaría definitivamente una vía que se inició hace nueve meses, con la apertura del expediente disciplinario tras la detención de Santiago del Valle.

La Fiscalía rechaza todos los argumentos que esgrimió Rafael Tirado para solicitar el archivo del expediente e insiste en que el juez tenía la obligación de "llevar a cabo las funciones de vigilancia y control" para que la ejecución de la sentencia no se "desvirtúe o malogre por la inacción dentro del mismo durante un dilatadísimo periodo de tiempo". La Fiscalía reprocha al juez que culpara de lo ocurrido a la secretaria judicial, Juana Gálvez -sancionada con dos años de suspensión-. Según la Fiscalía, el juez pretende "construir a partir de la dación de cuenta una auténtica patente de corso que le exculpe de cualquier situación que pueda producirse en el juzgado, pero oculta que, con dación de cuenta o sin ella, se halla obligado por la existencia de deberes", señala el fiscal, que cita entre estas obligaciones la de "vigilar" que la dación se lleve a cabo con la regularidad que exijan las circunstancias. Para el Ministerio Público, Rafael Tirado "omitió de modo absoluto" estos deberes y concluye que su juzgado "no era precisamente un modelo de diligencia en su actividad".

Por su parte, el magistrado defiende que no tenía "ningún dato" que le hiciera pensar en la urgencia del ingreso en prisión de Santiago del Valle. El magistrado sostiene que la Fiscalía "nunca" pidió, en ningún momento de la tramitación del caso, el ingreso en prisión ni alertó de su peligrosidad, a pesar de "la existencia de otras causas criminales que al Ministerio Fiscal sí le habían de constar".

El juez considera que las dos resoluciones que ordenaban la ejecución de la sentencia "se adoptaron con celeridad", una vez que la Audiencia de Sevilla devolvió los autos al juzgado.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios