El Gobierno condiciona la negociación del Brexit a que Gibraltar deje de ser un paraíso fiscal y equipare su legislación a su entorno español. El Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere acabar con la situación de "injustificado privilegio" en la que ha derivado el Estatuto del Peñón en las últimas tres décadas tras la incorporación de España a la antigua Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, según el informe Negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE, elaborado por la Secretaría de Estado para la UE y remitido al Congreso. El Consejo Europeo avaló el pasado sábado la capacidad de veto del Gobierno español sobre cualquier acuerdo entre la UE y el Reino Unido que ataña a Gibraltar. Este documento, que fue avanzado por El País, traza las líneas rojas en las que el Ejecutivo español quiere enmarcar las conversaciones.

El informe del Gobierno recuerda que el régimen especial del que goza la colonia "es una condición que España tuvo que aceptar en su momento" para incorporarse a la CEE debido a que que el Reino Unido ya formaba parte del club comunitario desde 1973. El Peñón tiene el estatus de territorio sujeto a descolonización y no forma parte del Reino Unido, aunque sus relaciones exteriores dependen del Gobierno británico.

El informe recoge que Gibraltar disfruta de libertad de circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales. Sin embargo, no se le aplica la legislación del Reino Unido ni forma parte de la Unión Aduanera. Esta situación le ha permitido desarrollar "un régimen propio extremadamente permisivo en materia fiscal, aduanera y de establecimiento de sociedades, que en la práctica lo ha convertido en un paraíso fiscal". El Gobierno español plantea acabar con una situación que califica de "competencia desleal".

El informe también apunta como línea prioritaria la negociación de los derechos de los más de 100.000 españoles que residen oficialmente en el Reino Unido y las 286.000 personas de nacionalidad británica que viven en España.El Gobierno aboga por que "se reconozcan la totalidad de los derechos que ahora tienen los nacionales en virtud de la legislación comunitaria". El documento también hace una mención expresa a los más de 7.000 trabajadores españoles que trabajan en el Peñón, y subraya la necesidad de "preservar esos mismos derechos",

Gibraltar, que se define como un "régimen de baja fiscalidad", ha rechazado en numerosas ocasiones la acusación de paraíso fiscal. Sostiene que su impuesto de sociedades se sitúa en el 12% frente al tipo del 25% aplicado de media en el lado español de la frontera. En el referéndum del Brexit, más del 96% de la población apoyó la permanencia en la Unión Europea.