Familias se quejan de la renuncia a la vivienda protegida por falta de crédito

  • El Defensor del Pueblo recibe numerosas denuncias y la Junta exculpa a la banca

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El grifo de los créditos no se ha cerrado para la VPO. La Junta se alía con la banca y asegura que el 40% de las renuncias se deben a otras razones, sostuvieron ayer fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, seguros de que son más las solicitudes de préstamos retiradas por los clientes que las denegadas por las entidades. Sin embargo, las numerosas quejas recibidas en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz por la denegación de créditos hipotecarios motivaron la semana pasada que la institución remitiese una resolución a la Consejería de Vivienda instándole a solicitar de los bancos y cajas de ahorro una respuesta inmediata.

Otro ejemplo. En la localidad sevillana de Villaverde del Río, de apenas 7.000 vecinos y que vive de la agricultura, 300 familias han renunciado a una vivienda protegida ante la negativa de las entidades financieras a concederles créditos hipotecarios. Primero, las 58 familias que fueron adjudicatarias y a continuación los 260 aspirantes que quedaron en lista de espera. La propia delegación provincial de Vivienda admitió que cada vez más ayuntamientos le piden ayuda porque, a pesar de tener demanda de VPO y promociones en marcha, la banca niega las hipotecas a los adjudicatarios.

Una parte del convenio rubricado ayer ratifica el compromiso de las entidades financieras a "objetivizar" los criterios con los que aprueban o deniegan hipotecas, ante la "paradoja" desvelada en la resolución del Defensor de casos en en que agraciados en sorteos de VPO se encontraban con la negativa de estas entidades firmantes y la respuesta positiva de otros bancos o cajas que no firmaron estos convenios. En este supuesto, surge el problema de que, al no tratarse de préstamos cualificados, estas familias no tienen acceso a la subsidiación de las cuotas de amortización.

La banca aprobó los criterios que se exigirán a los adquirientes de VPO para obtener un crédito hipotecario y resolver las solicitudes en dos meses, pero seguirán decidiendo en solitario a quienes se les conceden. El Defensor del Pueblo había estimado que, si el Gobierno y la Junta han inyectado fondos para que el sistema financiero gane liquidez, podía participar de la concesión de créditos para VPO, en concreto, de los conflictos que se produjeran por la denegación a familias solventes que consideraran injustificada la negativa. La institución propuso la creación de una figura de intermediación y/o arbitraje, con participación paritaria entre Administración y la banca, que en principio no ha sido abordada.

La Junta y las entidades crediticias acordaron la creación de una comisión de seguimiento para controlar la ejecución del acuerdo.

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