La Fiscalía de Huelva ha ordenado una investigación por un delito medioambiental cometido en la finca el Avispero de Bonares entre 2006 y 2007, tras la denuncia del grupo ecologista Madroño por supuesta deforestación de cien hectáreas de alto valor ecológico con especies autóctoras y reconocidas como amenazadas. Mientras, la Consejería de Medio Ambiente dijo haber "actuado con diligencia", ya que abrió tres expedientes administrativos: dos contra la empresa agrícola Agromolinillo y un particular, que cuentan con sentencia firme y multas que suman 100.170 euros y la obligación de repoblar la superficie afectada, y un tercero contra otro particular, pendiente de resolución, que destoconó especies forestales.