La Fiscalía malagueña trasladará a la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, las bases del posible acuerdo marco de conformidad al que pretende llegar con los abogados de los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), entre los que figura el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.

A la salida de la última reunión mantenida entre ambas partes, el abogado Pablo Luna ha asegurado a los periodistas que el acuerdo sólo será aplicable a las causas pendientes de los ex concejales por licencias de obras presuntamente ilegales en Marbella.

El letrado ha explicado que el posible pacto está sujeto a la aprobación de la Fiscalía Superior de Andalucía, que a su vez podría derivar el caso a la Fiscalía General del Estado.

La reunión, en la que ha participado el fiscal delegado de Medio Ambiente de Málaga, se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia y ha durado algo más de una hora.

Previsiblemente, el fiscal tendrá un encuentro la próxima semana con el fiscal superior para trasladar todas las bases del posible acuerdo.

Luna ha señalado que este acuerdo es "complicado", pero se sitúa dentro de la legalidad, y ha resaltado la profesionalidad de la Fiscalía malagueña.

El abogado ha indicado que aunque hay un principio de acuerdo marco de conformidad, "cada caso se tendrá que personalizar", porque cada ex edil tiene una situación concreta, y englobaría a todas las corporaciones desde 1995 hasta la disolución del Ayuntamiento de Marbella en 2006.

Algunas de las causas que se insertarían en este acuerdo están en fase de instrucción, y otras están en los Juzgados de lo Penal pendientes de juicio.

Tanto la Fiscalía como los abogados defensores parten de que se trata de delitos conexos que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena máxima impuesta.

El delito contra la ordenación del territorio del artículo 320 que se les imputa a los ex concejales de GIL por conceder presuntamente licencias urbanísticas ilegalmente fijan un máximo de dos años de cárcel por lo que el máximo sería seis años de prisión.

El primer alcalde marbellí que estuvo preso en Alhaurín de la Torre fue Jesús Gil, quien ingresó por primera vez en dicho centro penitenciario el 7 de enero de 1999 por el conocido "caso camisetas", en el que se investigaba el presunto desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento al club Atlético de Madrid.

Más tarde ingresó Julián Muñoz, alcalde de Marbella entre mayo de 2002 y agosto de 2003, la ex alcaldesa Marisol Yagüe, y otros ex ediles del GIL, como el primer teniente de alcalde, Pedro Román, muchos de ellos involucrados en el caso Malaya, que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento.

Julián Muñoz es el ex alcalde con más causas judiciales abiertas en España y tiene alrededor de un centenar de procedimientos penales en curso en la Audiencia de Málaga por presuntas irregularidades urbanísticas.

Por estas causas se enfrentará a penas que oscilan entre los dieciocho meses y los dos años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público entre ocho o diez años.