Caso de los ere

La Guardia Civil sostiene que Viera dio las "instrucciones oportunas" para beneficiar a las empresas de la Sierra Norte

  • El objetivo era favorecer "desmesuradamente" a empresarios con los que se relacionaba y personas con las que mantenía "afinidades políticas".

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La Guardia Civil asegura en el último atestado presentado a la juez Mercedes Alaya que el ex consejero de Empleo José Antonio Viera pudo tener una "participación esencial" en la concesión de las ayudas  a la Sierra Norte de Sevilla, con el objeto de "favorecer, desmesuradamente, a empresarios con los que se relacionaba y personas con las que mantenía afinidades políticas". Por ello, los investigadores concluyen que todas las relaciones e intereses, "de ámbito personal y avivadas quizás también por afinidades políticas, tuvieron que propiciar que José Antonio Viera, como superior de Guerrero, le diera a éste las instrucciones oportunas para que la sucesión de estas subvenciones se materializaran de forma ininterrumpida, incluso para que las mismas continuasen cuando Viera abandonara la Consejería".

En el atestado de la Guardia Civil presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que tiene varios miles de folios, los investigadores llegan a la conclusión de que el ex consejero de Empleo debía de conocer que los fondos pertenecientes a la partida presupuestaria 31L de los que se disponía de forma "discrecional" bajo su responsabilidad, "carecían de la fiscalidad exigida, lo que habría permitido que en la tramitación de las subvenciones a favor del tándem Rosendo-Sayago [en alusión a los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago], y al resto de ayudas concedidas en la Sierra Norte, se prescindiera total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

En el atestado, los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elevan a 55.760.497,75 euros el importe de las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla,  de los cuales 32.670.702,58 fueron concedidas a las empresas "manejadas por el tándem Rosendo-Sayago", y considera que Viera "pudo haber facilitado al concentración de las ayudas en la Sierra Norte por decisiones de diferentes índoles". Así, los agentes afirman que el ex consejero "pudo haber propiciado importantes ayudas para esta zona geográfica con objeto de favorecer, desmesuradamente, a empresarios con los que se relacionaba y personas con las que mantenía afinidades políticas", entre las que se encontraban las pertenecientes al grupo de Rosendo-Sayago. Bajo su responsabilidad "se había incumplido la protección de los recursos públicos y los principios de objetividad, eficacia, satisfacción de los intereses generales y que estas ayudas, por supuesto, se hubiesen empleado en la creación y mantenimiento del empleo".

La Guardia Civil considera además que Viera "pudo ser responsable de la concreción de ayudas a las empresas manejadas" por Rosendo y Sayago, y recuerdan los agentes que el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero manifestó que Viera le había dicho que estas ayudas "tenían que salir adelante" y le indicó que había que apoyar el proyecto del Matadero de la Sierra Morena y todas aquellas empresas que "colgaban" de la misma, o lo que es lo mismo, "a todas las empresas relacionadas" con Rosendo y Sayago.

Guerrero además matizó que ninguna de las ayudas a este grupo se denegaron durante el tiempo que fue consejero Viera, a pesar de que "el propio Guerrero y Antonio Rivas -entonces delegado de Empleo en Sevilla- pusieron reticencias a Viera sobre la concesión de estas ayudas en una reunión en la cafetería del Parlamento andaluz".

Entre los indicios que implicarían a Viera, la Guardia Civil cita que en una de las sesiones del Consejo Rector del IFA que presidía el propio consejero, celebrada el 30 de enero de 2004, se aprobaron convenios por valor de 9 millones de euros a favor de las sociedades controladas por el tándem, entre las que se encontraba la empresa Marco de Estudios, en la que la propia hija del consejero, Sonia Viera, figuraba en ese momento como trabajadora.

La Guardia Civil insiste en que durante el tiempo que Viera fue presidente del IFA se suscribieron muchos de los convenios de colaboración a favor de sociedades de la Sierra Norte. De los 24 convenios que se suscribieron a favor de Rosendo-Sayago -por importe de 13,2 millones-, 20 se efectuaron "durante el periodo en el que Viera fue máximo responsable del IFA y su hija, Sonia Viera, trabajadora de este grupo". También aseguran los investigadores que Viera pudo haber sido responsable de las ayudas concedidas a SAT Virgen del Espino por importe de 1,5 millones de euros y recuerda que Guerrero afirmó que el consejero le dijo que esas ayudas "tenían que salir adelante".

Las mismas implicaciones que realiza el atestado sobre Viera se ponen de manifiesto por los investigadores respecto al que fuera viceconsejero de Empleo y luego consejero Antonio Fernández, quien según Guerero aunque "no tenía interés en este grupo empresarial", se mostró "favorable a completar el planning de las ayudas a este grupo porque "así lo había ordenado José Antonio Viera". Los agentes le consideran además "máximo responsable de que estas ayudas se prolongasen en el tiempo tras la marcha de Guerrero de la Dirección General de Trabajo, completando las ayudas promedias a Matadero de la Sierra Morena y Al Ballut Dehesas". Añaden los agentes que como vicepresidente del IFA asistió a una sesión del Consejo Rector en la que se aprobaron convenios de ayudas por 16,7 millones para sociedades de la Sierra Norte, de los cuales más de 9 millones fueron a parar a Rosendo y Sayago.

El informe policial concluye asimismo que la resolución de una ayuda sociolaboral dictada por el ex director de Trabajo Juan Márquez con destino a una "plantilla irreal" de la empresa Virgen del Espino, en la época en la que Fernández era "máximo responsable de la Consejería", había tenido como objeto "ocultar los compromisos ilícitos" adoptados por su antecesor en el cargo, José Antonio Viera, y por el director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

Para la UCO, Antonio Fernández debía ser "plenamente consciente de las importantes irregularidades existentes en las ayudas" a Rosendo y Sayago, a través de la investigación interna realizada por la propia Dirección General de Trabajo y de un informe de Pricewaterhouse de mayo/julio de 2009. Fernández, continúa el atestado, "sería responsable de no haber dado las pertinentes instrucciones para el reintegro de las ayudas que fueron concedidas con total arbitrariedad, y para la puesta en conocimiento de tan importantes ilícitos a la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal", con lo que habría dejado de promover la persecución de los actos ilícitos "de los que tuvo conocimiento" y habría facilitado que los presuntos responsables de los hechos eludieran la investigación y se hubieran beneficiado de las ayudas ilícitas.

También consideran los agentes que Fernández pudo propiciar importantes ayudas, por valor de 2,9 millones, para el grupo Barbadillo "con objeto de favorecer a empresarios de su entorno y con los que se relacionaba".

Sobre el que fuera director general de Trabajo y uno de los principales imputados Francisco Javier Guerrero, la Guardia Civil destaca la "participación esencial" en la concesión de las ayudas, por cuanto, según los investigadores, fue éste quien propició esa concentración de ayudas en el grupo de empresas de Rosendo y Sayago "por su vinculación con esta zona".

Los investigadores concluyen que si bien Guerrero señaló al consejero Viera como "máximo responsable" de las ayudas y "pudiera haber puesto reticencias a la concentración de las ayudas", la Guardia Civil considera que fue él "como responsable de la Dirección General de Trabajo el que emitió todas las resoluciones de ayuda y el que también permitió la concentración de las mismas". Dice el atestado que Guerrero "habría consentido que continuara la evasión de fondos públicos después de que Viera dejara de ser consejero de Empleo, y el que, en definitiva, habría favorecido el enriquecimiento ilícito de José Enrique Rosendo y José María Sayago".

Respecto al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, la Guardia Civil considera que también "pudo conocer y permitir la consecución" de las ayudas a la Sierra Norte, porque debió "conocer el trato de favor que recibían las empresas de esta comarca" y además permitió que este grupo obtuviera "importante ayudas concedidas con total arbitrariedad". El atestado le atribuye asimismo ser responsable de "no haber dado las pertinentes instrucciones para el reintegro de las ayudas que fueron concedidas con total arbitrariedad y para la puesta en conocimiento de tan importantes ilícitos a la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal".

De la misma forma, la Guardia Civil apunta que el ex director general de Trabajo Juan Márquez fue responsable de las ayudas concedidas a la SAT Virgen del Espino en 2009 por importe de 450.000 euros y al igual que el anterior no habría dado instrucciones para el reintegro de las ayudas.

El atestado también implica al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, quien según la asesora María José Rofa –también imputada-, tenía "pleno conocimiento de que el entramado de estas empresas había recibido ayudas públicas de forma irregular" y tampoco dio instrucciones para el reintegro de las ayudas concedidas con "total arbitrariedad". "Sólo cuando estos hechos son conocidos a través del propio devenir de la investigación judicial, es cuando los responsables de la Consejería, entre ellos Justo Mañas, ponen en conocimiento las irregularidades en la concesión de las ayudas del tándem Rosendo-Sayago".

Según la asesora Rofa, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera también tenía "pleno conocimiento de que el entramado de estas empresas había recibido ayudas públicas de forma irregular".

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