La Guardia Civil culpa a Viera de beneficiar con 34 millones a dos empresarios de la Sierra Norte

  • El objetivo era favorecer "desmesuradamente" a empresarios con los que se relacionaba y personas con las que mantenía "afinidades políticas"

En una década (2001-2010) la Junta de Andalucía concedió 85 millones de euros en ayudas a empresas para la creación de empleo, pero de esa cifra 55 millones fueron a parar a sociedades de la Sierra Norte de Sevilla y de éstas más de 34 millones (el 61,44% del total concedido a esta comarca) se concentraron en un entramado empresarial que carecía "de contenido" y no tenía actividad comercial ni trabajadores de alta y que estaba dirigido por José Enrique Rosendo, hijo del ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y José María Sayago. La Guardia Civil asegura en el último atestado entregado a la juez Mercedes Alaya que el ex consejero de Empleo José Antonio Viera pudo tener una "participación esencial" en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, con el objeto de "favorecer, desmesuradamente, a empresarios con los que se relacionaba y personas con las que mantenía afinidades políticas". Por ello, los investigadores concluyen que todas las relaciones e intereses, "de ámbito personal y avivadas quizás también por afinidades políticas, tuvieron que propiciar que José Antonio Viera, como superior de Guerrero, le diera a éste las instrucciones oportunas para que la sucesión de estas subvenciones se materializaran de forma ininterrumpida, incluso para que las mismas continuasen cuando Viera abandonara la Consejería".

El atestado remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tiene varios miles de folios y en el mismo los investigadores llegan a la conclusión de que el ex consejero de Empleo debía de conocer que los fondos pertenecientes a la partida presupuestaria 31L de los que se disponía de forma "discrecional" bajo su responsabilidad, "carecían de la fiscalidad exigida, lo que habría permitido que en la tramitación de las subvenciones a favor del tándem Rosendo-Sayago, y al resto de ayudas concedidas en la Sierra Norte, se prescindiera total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

En el atestado, los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran que Viera "pudo haber facilitado al concentración de las ayudas en la Sierra Norte por decisiones de diferentes índoles". Así, los agentes afirman que el ex consejero "pudo haber propiciado importantes ayudas para esta zona geográfica con objeto de favorecer, desmesuradamente, a empresarios con los que se relacionaba y personas con las que mantenía afinidades políticas", entre las que se encontraban las pertenecientes al grupo de Rosendo-Sayago. Bajo su responsabilidad "se había incumplido la protección de los recursos públicos y los principios de objetividad, eficacia, satisfacción de los intereses generales y que estas ayudas, por supuesto, se hubiesen empleado en la creación y mantenimiento del empleo".

La Guardia Civil subraya además que Viera "pudo ser responsable de la concreción de ayudas a las empresas manejadas" por este entramado societario, y recuerdan los agentes que el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero manifestó que Viera le había dicho que estas ayudas "tenían que salir adelante", indicándole que había que apoyar el proyecto del Matadero de la Sierra Morena y todas aquellas empresas que "colgaban" de la misma, o lo que es lo mismo, "a todas las empresas relacionadas" con Rosendo y Sayago.

Guerrero matizó además que ninguna de las ayudas a este grupo se denegó durante el tiempo que fue consejero Viera, a pesar de que "el propio Guerrero y Antonio Rivas -entonces delegado de Empleo en Sevilla- pusieron reticencias a Viera sobre la concesión de estas ayudas en una reunión en la cafetería del Parlamento andaluz".

Entre los indicios que implicarían a Viera, la Guardia Civil cita que en una de las sesiones del Consejo Rector del IFA que presidía el propio consejero, celebrada el 30 de enero de 2004, se aprobaron convenios por valor de 9 millones de euros a favor de las sociedades controladas por el tándem, entre las que se encontraba la empresa Marco de Estudios, en la que la propia hija del consejero, Sonia Viera, figuraba en ese momento como trabajadora.

La Guardia Civil insiste en que durante el tiempo que Viera fue presidente del IFA se suscribieron muchos de los convenios de colaboración a favor de sociedades de la Sierra Norte. De los 24 convenios que se firmaron a favor de Rosendo-Sayago -por importe de 13,2 millones-, 20 se efectuaron "durante el periodo en el que Viera fue máximo responsable del IFA y su hija, Sonia Viera, trabajadora de este grupo". También aseguran los investigadores que Viera pudo haber sido responsable de las ayudas concedidas a SAT Virgen del Espino por importe de 1,5 millones de euros y recuerdan que Guerrero afirmó que el consejero le dijo que esas ayudas "tenían que salir adelante".

Las mismas implicaciones que realiza el atestado sobre Viera se ponen de manifiesto por los investigadores respecto al que fuera viceconsejero de Empleo y luego consejero Antonio Fernández, quien según Guerrero aunque "no tenía interés en este grupo empresarial", se mostró "favorable a completar el planning de las ayudas a este grupo porque "así lo había ordenado José Antonio Viera". Los agentes le consideran asimismo "máximo responsable de que estas ayudas se prolongasen en el tiempo tras la marcha de Guerrero de la Dirección General de Trabajo, completando las ayudas prometidas a Matadero de la Sierra Morena y Al Ballut Dehesas". Añaden los agentes que como vicepresidente del IFA, Antonio Fernández asistió a una sesión del Consejo Rector en la que se aprobaron convenios de ayudas por 16,7 millones para sociedades de la Sierra Norte, de los cuales más de 9 millones fueron a parar a Rosendo y Sayago.

El informe policial concluye asimismo que la resolución de una ayuda sociolaboral dictada por el ex director de Trabajo Juan Márquez con destino a una "plantilla irreal" de la empresa Virgen del Espino, en la época en la que Fernández era "máximo responsable de la Consejería", había tenido como objeto "ocultar los compromisos ilícitos" adoptados por su antecesor en el cargo, José Antonio Viera, y por el director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

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