La Junta refuerza el control a los evasores fiscales para ingresar otros 300 millones

  • La Agencia Tributaria firmará convenios con notarios y ayuntamientos para investigar bienes ocultos al fisco. Montero reitera que no habrá subida de impuestos pese a la presión de IU.

La Junta de Andalucía anda necesitada de un aumento de ingresos para equilibrar sus cuentas y por el momento no contempla la creación de nuevos impuestos a la espera de que el Gobierno central defina una reforma fiscal en los próximos meses. La única medida que tiene que ver con los tributos propios pasa por mejorar su control, lo que la Consejería de Hacienda y Administración Pública llama lucha contra el fraude fiscal. El año pasado las distintas medidas para supervisar la correcta recaudación y una adecuada aplicación de los beneficios fiscales a la población realmente necesitada (fraude social) permitió unos ingresos extras de 277 millones, según cifró ayer la consejera María Jesús Montero, que presentó una nueva iniciativa en esta dirección a la espera de la anunciada aprobación de un plan específico.

El Consejo de Gobierno aprobó el "contrato de gestión" de la Agencia Tributaria Andaluza que marca los objetivos para este ente fiscalizador hasta 2017. Este organismo tiene la prioridad de luchar contra el fraude fiscal y Hacienda espera que este año se ingrese por este trabajo otros 300 millones, "que irán descendiendo en los años posteriores hasta terminar, deseamos, con la economía sumergida".

El programa para la Agencia Tributaria aporta como novedades la intención de firmar convenios con los notarios para comprobar cambios de titularidades o superficies en el Registro Catastral. El borrador del convenio está listo y Montero espera aprobarlo en verano. Otros convenios serán bilaterales con los ayuntamientos y diputaciones para mejorar los cauces de información. De igual forma se renovará el acuerdo con la Agencia Tributaria nacional.

Estas medidas pretenden sacar a la luz a aquello que por "desconocimiento o mala fe" no pagan los impuestos a los que están obligados. El impuesto de sucesiones y donaciones es el que más defraudadores tiene, según la consejera. No obstante Montero dijo que "la mayoría de los ciudadanos cumple" y para ello la Junta pondrá una "alfombra roja" para asesorar a los que por motivos de edad o desconocimiento desconoce que deben pagar esos tributos.

Los posibles defraudadores (empresas o particulares) que pueden dejar de hacer sus autoliquidaciones serían unos 30.000 este año, 45.000 en 2015, 57.000 en 2016 y 63.000 en 2017, según las previsiones de la Agencia. Por esta razón se quiere aumentar el número de trabajadores de los 702 a 860 efectivos a finales de 2017. La Junta destina 65 millones de euros a esta agencia y entre sus propósitos está también mejorar el control de los expedientes sancionadores para que el dinero defraudado ingrese pronto en las arcas.

A preguntas de los periodistas Montero dijo desconocer el montante ingresado por el momento por el caso de los ERE. Sí que fue rotunda en negar por el momento que en los planes del Gobierno andaluz esté un aumento o la creación de nuevos impuestos autonómicos, que suponen un porcentaje pequeño (sobre un 3%) de los ingresos totales. IU presiona.

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