Certidumbre, transparencia y objetividad es lo que la Junta busca a la hora de que las entidades financieras otorguen préstamos, tanto a particulares como a promotores de VPO, en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que hoy ha dado un paso importante al fijarse su dotación económica.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, ha suscrito hoy con los representantes de 33 entidades financieras el convenio por el que se garantiza la financiación de las actuaciones de vivienda protegida, rehabilitación y suelo que se recogen en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo. El acuerdo asciende a 9.550 millones de euros, que serán destinados en un 93 por ciento a actuaciones de vivienda protegida, mientras que el resto se repartirá entre rehabilitación y actuaciones de suelo.

Chaves ha destacado el carácter pionero del convenio ya que, por primera vez, se fijan las condiciones que deben cumplir tanto los particulares que buscan financiación para la adquisición de una vivienda protegida como los promotores que piden créditos para construir las promociones. De este modo, los bancos y cajas acogidas al Plan de Vivienda establecerán como criterios esenciales para otorgar los préstamos a particulares la ausencia de informes negativos relativos a la existencia de impagos anteriores; la acreditación de la permanencia de la renta declarada de hasta 3 años; una relación entre los ingresos declarados y las cuotas de todas las deudas financieras que no supere el 40 por ciento; y un importe líquido de los ingresos que, tras el pago de la cuota mensual, no quede por debajo del Salario Mínimo Profesional.

El presidente andaluz ha asegurado que aunque no es voluntad de la Junta entrar en el vínculo privado que mantienen las entidades financieras con sus clientes, es necesario que la adjudicación de los créditos de VPO esté sujeto a un mayor grado de transparencia. Además, los ciudadanos podrán con esta fórmula conocer con carácter previo a su solicitud de préstamo si reúnen los requisitos, lo que aporta agilidad, transparencia y certeza al procedimiento. Una vez que los ciudadanos solicitan los préstamos, las entidades bancarias deben pronunciarse en un plazo máximo de dos meses sobre la concesión o no del crédito.

Respecto a la solicitud de préstamo para los promotores de vivienda protegida, el plan incluye una garantía adicional que consiste en la emisión de un informe de autorización por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que deberá pronunciarse sobre la idoneidad de la concesión del crédito en un plazo de 15 días, considerando su silencio como visto bueno.

Además, el convenio incluye la creación de una Comisión de Seguimiento mixta que velará por la ejecución del acuerdo y resolverá las incidencias que se produzcan, así como la puesta en marcha de un grupo de trabajo operativo que se encargará de elaborar las herramientas necesarias para la tramitación de los créditos. "Desde hoy deben comenzar a despejarse las incógnitas sobre la financiación de las actuaciones de vivienda, suelo y rehabilitación protegida que hemos ido afrontando durante los últimos meses", ha dicho Chaves, quien ha destacado la certidumbre que supone estas medidas al mercado de la construcción y a los ciudadanos.

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de las Cajas de Ahorros, Braulio Medel, se ha congratulado por la firma de este convenio y ha dicho que "las entidades financieras deben, por encima de sus intereses particulares, legitimarse ante la sociedad con acciones que beneficien a los ciudadanos". Ha asegurado que el plan es "factible" y "realista" y adquiere una especial importancia en la "recesión económica" actual.

El director territorial Sur del BBVA, Agustín Vidal-Aragón, ha dicho, en representación de las entidades bancarias -entre las que se encuentra, además del BBVA, el Banco Santander, Popular y Bankinter, entre otros- que su presencia en el pacto demuestra la apuesta de la banca privada por la vivienda protegida.

De los 9.550 millones que aportarán cajas y bancos para financiar el Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012, 4.917 millones procederán de las cajas de ahorro andaluzas; casi 3.100 millones de la banca privada; 1.160 millones de las cajas de ahorros no andaluzas; 225 millones de las cajas rurales; y los 150 millones de euros restantes llegarán del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuya financiación irá dirigida preferentemente a los programas de viviendas en alquiler, alojamientos protegidos para universitarios y para la integración social, así como la rehabilitación de barrios y centros históricos y actuaciones en materia de suelo.

En el plan se prevé el impulso a la construcción de 700.000 viviendas en Andalucía durante los próximos diez años, 300.000 de ellas protegidas.