De la "alergia" al "miedo", y del miedo al "pánico" al control del Gobierno por parte de la oposición. Ése es el último peldaño al que ascendió ayer el PP en su escalera de la crítica al Ejecutivo por la ausencia de algunos de sus miembros más destacados -empezando por el propio Chaves- en el Parlamento. El ataque alcanzó también a la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, por permitirlo, acusándola de servilismo a la siglas socialistas hasta el extremo de ser un "mando a distancia" de Chaves. La ofensiva se inició el miércoles y se endureció ayer gráficamente exhibiendo en la franja horaria reservada para las preguntas al presidente de la Junta unos carteles en los que rezaba: "Chaves [o Zarrías], el plantón no es democracia".

Pero este ataque, en una sesión plenaria sin el lance quincenal entre el presidente andaluz -que se encontraba acompañando al Rey en un acto en Ronda- y el líder del PP-A, Javier Arenas, y dada la incomparecencia del vicepresidente primero, Gaspar Zarrías, y de los consejeros de Igualdad y Agricultura, dejó como único objetivo a Coves. El portavoz popular, Jorge Ramos, la hizo responsable única de esta situación por no querer cambiar el orden del día para que se celebrara la sesión de control al (por la tarde, Chaves y Zarrías sí acudieron al pleno para votar en contra de la reprobación al vicepresidente primero y consejero de Economía, José Antonio Griñán), pero también de no dar respuesta a su petición de Junta de Portavoces extraordinaria.

De acuerdo con el Reglamento del Parlamento, el pleno no puede solaparse con la reunión de ningún otro órgano, de ahí que a Coves le quedaran sólo dos alternativas: suspender el pleno y convocar la Mesa de la Cámara que aprobara a su vez esa reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces para modificar el orden del día, o bien esperar a que terminara el pleno y convocarlas. Se decantó por esta última opción, y esa "trampa" es lo que molestó al PP, que quería dar un golpe de efecto con la interrupción del pleno. Al no conseguirlo, Ramos intentó intervenir en la sesión solicitando explicaciones, obteniendo como respuesta la negativa de Coves a su petición de palabra -motivó el revuelo en la bancada popular, llegando su secretario general, Antonio Sanz, a increparla llamándole "sectaria" por ser la "presidenta del PSOE" y no de todos los diputados-, por lo que el PP presentará un recurso a la decisión arbitraria y Ramos una petición de amparo como diputado por no haberle dejado intervenir.

Si bien Coves no se inmutó ante los reproches de los populares, quien sí reaccionó una vez terminado el pleno fue el PSOE, que tuvo claro que aparte de "desestabilizar" a la presidenta de la Cámara, la intención del PP es restaurar la crispación. Su portavoz, Manuel Gracia, interpretó la actuaciones del PP como un intento de "reventar las costuras del traje" parlamentario, y recordó que el orden del día que se intentó alterar es el mismo que se aprobó en Junta de Portavoces de la pasada semana. "Es la estrategia de la crispación y del espectáculo de circo para romper las reglas del juego", dijo Gracia, que entendió que tras el ataque a Coves también está la intención de minar al Gobierno.

Pese a compartir el contenido de la queja por tantas ausencias del Ejecutivo, IU se desmarcó de las formas empleadas por el PP. Para la coalición de izquierdas, la culpable no es tanto Coves como el PSOE, que la "encorseta" poniendo en jaque su "independencia" para "blindar" al Gobierno y que "pase de puntillas" por el Parlamento.

Tras el pleno, se celebró una tensa reunión Mesa del Parlamento en la que se acordó convocar una próxima Junta de Portavoces extraordinaria para intentar buscar a una salida que ponga coto a las que para la oposición son "demasiado habituales" incomparecencias del Ejecutivo ante la que es la primera institución de Andalucía.

Quien sí estuvo presente de principio a fin del pleno y también objetivo preferente del ataque popular fue el vicepresidente segundo y consejero de Economía, José Antonio Griñán. Tras quince días de acusaciones constantes de especular con dinero público, tuvo no sólo que justificar en cinco ocasiones la "legalidad y transparencia" de los depósitos por 6.000 millones de la Junta en entidades financieras y las subastas de ese dinero para obtener una mayor rentabilidad e invertirlo, sino enfrentarse a una petición de reprobación por esto y por el nulo resultado de sus medidas y de unos Presupuestos que no dan respuesta a la crisis, que decayó gracias a la mayoría socialista y a la abstención de IU.