PSOE e IU consiguen un acuerdo y salvan in extremis la coalición

  • La presidenta Susana Díaz restablece las competencias a Fomento al aceptar Izquierda Unida que, de los 22 casos, sólo hay ocho en los que se acreditará su situación de emergencia

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Al filo de la una y media de la madrugada, salió la fumata blanca. El PSOE e IU lograron un acuerdo para salvar el pacto de Gobierno, aunque las heridas tardarán tiempo en cerrarse en el seno de la coalición.  Los dirigentes de ambas formaciones no habían alcanzado un acuerdo tras la crisis de gobierno abierta 72 horas antes por la decisión de la Consejería de Fomento y Vivienda de entregar las llaves de viviendas públicas a las familias de la Corrala Utopía desalojada el domingo por la Policía, contraviniendo el criterio de Presidencia. Pero las llamadas de última hora consiguieron el pacto. La presidenta del Gobierno, Susana Díaz, restituirá hoy las competencias de adjudicación de viviendas a la Consejería de Fomento al aceptar IU que, de los 22 casos de ocupas desalojados de los que se habló, hay 17 expedientes y de éstos, sólo ocho entran en una situación de excepcionalidad. Ahora, esos ocho casos serán vistos por servicios sociales para comprobar si tienen acceso a una casa. Mientras tanto, seguirán bajo techo. La inspección se realizará de modo urgente.

Los dos partidos salvan de este modo la crisis más grave del Gobierno andaluz, que ha estado a punto de romperse en varias ocasiones. Han hecho falta dos largas reuniones el jueves y el viernes para sellar esta salida que se abrió el miércoles cuando la Consejería de Fonento entregó diez llaves a los ocupas desalojados.

Las delegaciones de PSOE e IU abandonaron sobre las 23:00 la sala de reunión del Parlamento con la única declaración de que mantendrían contactos telefónicos en las próximas horas. El dirigente de IU José Manuel Mariscal negó un principio de acuerdo que restableciera la convivencia y alejara la posibilidad de una ruptura del pacto. "Seguimos trabajando", dijo. "En los próximos minutos se pueden cerrar flecos", agregó cinco minutos después el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo. Se trataba de la segunda tanda de reuniones en el Parlamento tras las diez horas del miércoles. Fue así. Hubo acuerdo tras varias llamadas en las que intervino el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia.

Antes, IU había rechazado la última oferta del PSOE, pero no explicó los motivos. La propuesta es, a primera vista, la misma: ocho de las 17 familias con expedientes se quedarían en las viviendas. Son las que tienen niños y discapacitados. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla acreditarán hoy si están en estado de emergencia. Otras nueve quedarán fuera. Si Izquierda Unida aceptaba, los socialistas retirarían el decreto de retirada de competencias. Así ha sido.

IU ha hecho de la Corrala un emblema y tiene que sacar réditos ante su electorado, más después de que ayer, a primera hora, la presidenta Susana Díaz hiciera una demostración de fuerza con la publicación del decreto por el que retiró las competencias a la Consejería que dirige Elena Cortés. El miércoles por la noche las posturas estuvieron próximas, pero la presidenta había anunciado la retirada de competencias y, aunque pareció que había arreglo, finalmente mandó a publicar el decreto para cumplir con su palabra.

IU trató de responder a primera hora al jaque mate, pero desde una posición de debilidad ante la autoridad de la presidenta. La intención sería una rectificación de la presidenta o un compromiso de rectificación. Por eso quiere seguir tensando la cuerda. El riesgo de ruptura del pacto sigue presente. El fondo del asunto se ha convertido en materia de geoestrategia política.

El eje del asunto se centra en las consecuencias políticas de los movimientos realizados por los partidos. IU desafió con la entrega de llaves y la presidenta de la Junta cumplió la amenaza. Sorprendidos, tocaba medir las consecuencias e IU convocó de urgencia una reunión de su dirección a primera hora, a la que corrió en quinta marcha el coordinador general de la formación, Cayo Lara, que tenía un acto previsto en Huelva. En la atmósfera pendía la incógnita de si IU sería capaz de arrojarse de cabeza hacia la ruptura del pacto de gobierno. A la cúpula de la dirección se unió Cortés, recién llegada de un viaje a Colombia y Panamá para, precisamente, glosar las políticas de vivienda de la Junta. Cuatro horas estuvieron reunidos los dirigentes de IU en una sala del Parlamento hasta que, en un receso hacia las 14:15, el coordinador general en Andalucía, Antonio Maíllo, atendió a los medios. La consigna era igualar la apuesta y reclamar la derogación del decreto. IU pasaría la pelota al tejado del PSOE. Al final, se impuso la necesidad de que los socios siguieran con una mayoría en el Parlamento que les permitiese seguir gobernando.  La coalición, no obstante, sale tocada.

El portavoz de la Junta dice que "no habrá ni un realojo más" 

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho que "no va a haber ni un realojo más" entre los okupas de la Corrala Utopía de Sevilla y que "todos los miembros del Ejecutivo van a cumplir estrictamente el acuerdo". Vázquez ha indicado que las ocho familias que están "provisionalmente" realojadas van a pasar "inmediatamente" a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, posiblemente el mismo lunes, para poner en marcha el mecanismo y determinar si realmente están en riesgo de exclusión y pueden seguir ocupando una vivienda pública. Entre las nueve familias restantes que fueron expulsadas del edificio el pasado día 6 "no va a haber ni un realojo más", según el portavoz. 

Vázquez ha respondido así al comentario de Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda de la Junta, en Twitter, donde ha afirmado que "ahora que volvemos a tener competencias, realojaremos a las nueve", aunque un par de horas más tarde ha "aclarado", ante la "confusión" creada, que su actuación "será acorde con la declaración del Gobierno andaluz". 

Según el portavoz de la Junta, "todos los miembros del Gobierno van a cumplir estrictamente el acuerdo" y todas las adjudicaciones de viviendas se harán según los principios de "legalidad e igualdad". 

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