Perplejidad en el Congreso por los guardias civiles que envió Alaya

  • La juez ya fue avisada en diciembre de que cualquier asunto debía enviarlo al Supremo

Perplejidad, cuando no cierta indignación, por la reiteración de Alaya. La Mesa del Congreso ya explicó en diciembre a la juez Mercedes Alaya, instructora de los ERE, que todo lo relacionado con los diputados en cuanto a su condición de aforados, ya sea la entrega de resoluciones o la solicitud de acreditaciones, debía tramitarse ante el Tribunal Supremo. Eso fue el 17 de diciembre, pero el lunes pasado dos guardias civiles de la Policía Judicial que trabajan bajo las órdenes de la juez acudieron al Congreso y al Senado para entregar a sus presidentes la comunicación de que Manuel Chaves, José Antonio Viera y José Antonio Griñán habían sido preimputados. La juez entendía que ambas instituciones debían entregar "a la mayor brevedad" los oficios. Tanto la Mesa del Congreso como la del Senado rechazaron ayer la petición de la juez, pero, debido a su reiteración, las dos instituciones han enviado los escritos al Tribunal Supremo. Ante la solicitud socialista de que se tramitase una queja al Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Congreso, Jesús Posadas, argumentó que las peticiones se van a enviar al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que también lo es del Consejo General del Poder Judicial para que provoque una "reflexión".

Alaya dictó el 18 de diciembre un auto en el que, acogiéndose al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento, comunicaba que preimputaba a varios aforados por el caso de los ERE; entre éstos, los ex presidente andaluces Chaves y Griñán, así como al ex consejero de Empleo José Antonio Viera. El primero y el tecero son diputados y el segundo, senador, por lo que Alaya no puede citarles como imputados por ser aforados. Ello corresponde, si lo estimase, al Supremo, pero Mercedes Alaya aún no ha enviado la causa a esta instancia.

La perplejidad en la Mesa del Congreso, según explicaron dos de sus miembros, era compartida por todos los partidos, a excepción del UPyD, ya que no se comprende cómo una juez instructora, que ya ha recibido una indicación al respecto, vuelve a dirigirse a las dos cámaras, pero a través de dos guardias civiles. "Ésta es la primera vez que se hace mediante la presencia de guardias civiles", indicó el socialista José Miguel Camacho, miembro de la Mesa del Senado. En otras ocasiones, cuando se ha preguntado, ha sido a través de agentes judiciales y siempre se les ha remitido al Supremo. José Luis Centella, portavoz de IU en el Congreso, se mostró "sorprendido" y "preocupado" por la actuación.

Los agentes entregaron el escrito en el registro el lunes, pero no se les dejó entrar, y el presidente del Congreso, Jesús Posada, ni siquiera abrió los oficios. "Es insólito", explicó el secretario primero de la Mesa, el onubense Luis Barrero. "No se trata de un error de forma", y siguió: "A nadie se le ocurre enviar a dos guardias civiles con pistolones al Congreso". Los secretarios generales de las dos cámaras explicaron "práctica habitual" es remitir al Supremo este tipo de casos. Alaya solicitó en diciembre la conformación de que los tres son miembros de las Cámaras, lo que solicitó el martes la juez es que Jesús Posada y el presidente del Senado, Pío García-Escudero, enviaran a los diputados y senadores el oficio en el que se comunica su preimputación.

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