El Supremo enmarronado

  • La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado a Alaya el camino para que el caso ERE no se estrelle, pero la juez se muestra reticente a trocear y enviar al Supremo la parte política

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SI la Audiencia de Sevilla no lo evita, el caso judicial de los ERE puede acabar en el Tribunal Supremo. Pero estrellado. Preso de su tamaño elefantiásico, de las nulidades y de la prescripción de los delitos, el estallido puede ser proporcional al tamaño de su burbuja. Si la juez Mercedes Alaya no atiende al requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción para trocear el caso y enviar ya su parte más política al Tribunal Supremo, si el Ministerio Público no recurre esta posible decisión de la magistrada ante la Audiencia de Sevilla, y si esta instancia superior no la obliga a racionalizar su instrucción, el caso, enorme, inmenso, con sus cerca de 150 imputados, llegará así a Madrid. El Supremo se encontrará con el caso con una breve exposición razonada; ahí se queda eso. Enmarronado, es posible que el Supremo sí lo trocee y sólo se declare competente en varias materias. ¿Y cuánto durará esto? La administración de la Justicia es lenta porque, a veces, no sólo las defensas, sino los otros responsables toman caminos inexplicablemente complejos.

Desde que en 2011, la juez se hizo cargo de esta investigación, sus trabajos han adquirido la propiedad expansiva de los gases. De un lado, la instructora ha realizado un trabajo minucioso que ha permitido partir de un caso de soborno, el de Mercasevilla, para encontrar -primero- unos intrusos que cobraban unas rentas pagadas por la Junta a pesar de que nunca trabajaron en las empresas subvencionadas de modo indirecto; la concesión sin control de unas ayudas a empresas, de tal modo que la discrecionalidad se convirtió en arbitrariedad, al concentrar la mayor parte de ellas en la Sierra Norte de Sevilla; los excesos en los pagos de comisiones a intermediarios y aseguradoras, y un procedimiento administrativo que provocó todo lo anterior porque carecía de controles.

Es decir, la juez Alaya tiró de un hilo en Mercasevilla y montó el caso de los ERE, una investigación, por tanto elogiable, aunque su desproporcionado tamaño es el que puede dar ahora al traste con todo. Y esto sucederá si Alaya, tal como parece, se empecina en no trocear el caso y enviar al Supremo la parte que atañe al procedimiento administrativo, que es el más político, el que supuestamente afectaría a los aforados, entre ellos, a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de varios ex consejeros, caso del de Empleo, José Antonio Viera. La Guardia Civil ha finalizado la investigación sobre la concesión de ayudas en la Sierra Norte, muy vinculada con Viera, y posiblemente se conocerá mañana lunes.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito del 31 de marzo, explica a Alaya cómo podría salir de un atolladero que, al parecer, ella es la única que no ve. Consiste en separar el caso en varias piezas, una de ellas sería la que afecta a los supuestos delitos penales que se habrían cometido al diseñar un procedimiento administrativo que carecía casi de controles. Y el casi es porque el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez si detectó que el sistema era una nulidad administrativa, lo escribió y lo envió a varias consejerías, aunque no apreció un menoscabo de fondos públicos.

Como es sabido, el 17 de julio de 2001 se firmó un convenio por el que la Dirección General de Empleo, la que dirigía Francisco Javier Guerrero, traspasaba fondos al IFA (después IDEA) para pagar las rentas de los trabajadores afectados por los ERE. Al ser una transferencia de financiación, no se sometía a una fiscalización previa y toda la documentación sobre cada una de las ayudas estaban en posesión de Guerrero. Así de simple. Guerrero hacía y deshacía, hacía y se hacía favores, él llevaba las cuentas, solucionaba marrones laborales a compañeros del PSOE, a alcaldes que perdían las elecciones, a dirigentes enfermos, el conseguidor de una renta vitalicia para esposas, suegras, cuñados y amigos.

La tesis de Ayala, y éste es el pilar político del caso, es que hubo una confabulación en el Gobierno andaluz, al más alto nivel, para aprobar este sistema opaco con el único interés de escamotear el control para delinquir. Claro, esto afecta a los dos ex presidentes y a bastantes consejeros aforados, por lo que es un asunto que ya debería de estar viendo el Supremo. Es a esta instancia a la que corresponde observar si hay indicios de delitos en alguno de ellos para imputarle, pero hay que considerar que no vale la mera especulación o deducción. Se necesitan indicios. Por ejemplo: ¿En qué basa la juez que Manuel Chaves, como presidente, favoreció este sistema a sabiendas del resultado. U otro: ¿Por qué la aprobación de la transferencia de financiación es penalmente perseguible? ¿No entrará en el campo de la simple nulidad administrativa?

En el caso de que Alaya no atienda a la petición de la Fiscalía, el Ministerio Público debería recurrir ante la Audiencia, y ésta, que ya no se lleva tan bien con la juez, podría obligarla a trocear el caso. Claro, si es así, la juez se quedaría con el caso de los intrusos, de Guerrero y de las aseguradoras, una instrucción que ya no sería tan atractiva, también complicada de finalizar. Realmente, lo más fácil para Alaya sería, dentro de unas semanas, enviarlo todo al Supremo, completo, y si algo sale mal, alejar la responsabilidad.

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