Juicio de los ERE

La UCO asegura que el Gobierno andaluz "decidió" el procedimiento para dar las ayudas

  • El responsable de la investigación dice que las ayudas "no tenían fiscalización previa ni control posterior"

  • Afirma que existía "tal descontrol que se fue parcheando" recurriendo a los pagos cruzados y a los endosos de las ayudas.

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La Unidad Central Operativa (UCO) ratifica que hubo una decisión política para implantar el sistema por el que durante una década se concedieron las ayudas de los ERE. El responsable del grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha asegurado este lunes en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE que en relación con el pago de las ayudas se detectó "un problema y el Gobierno toma una decisión", y eso se ve "refrendado con las modificaciones presupuestarias" que se hicieron para incrementar la partida 31L.

A juicio del investigador, el Consejo de Gobierno era "consciente de las ayudas, del procedimiento exacto y de que se están produciendo modificaciones presupuestarias, cambios de una fiscalización a otra, y se especificaba para qué eran" dichas ayudas, por lo que ha concluido que el "Gobierno debería saberlo". El testigo ha añadido que de la investigación que han realizado llegan a la conclusión de que había “un problema con diferentes ayudas” que se quería resolver con rapidez y “se opta por agilizar todo, entra la discrecionalidad, y como hay problemas con la fiscalización crítica, van a este procedimiento”.

Con el convenio marco de 17 de julio de 2001, según el funcionario policial, "se abre la espita" para este nuevo sistema de conceder las ayudas -a los dos días se firman cinco convenios y otros tantos en los días siguientes-, que a su juicio no era transparente sino que había "ocultamiento". 

El mando de la UCO también ha afirmado que en las ayudas sociolaborales y a empresa se “omitía la fiscalización previa o crítica y el control posterior” de las mismas, puesto que aunque en algunos de los convenios se hablaba de una “comisión de seguimiento” de las ayudas en realidad “no hubo nunca ninguna” comisión.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el responsable de la investigación ha insistido en que no existía ninguna “norma reguladora por parte de la Administración” para la concesión de estas ayudas y tampoco existía “ningún control”, y ha recordado en este punto que la jefa de servicio de Fiscalización afirmó que “nunca había visto una cosa así”, dado que no había solicitud ni expedientes para la tramitación de las subvenciones. “Hay tal descontrol que lo que ocurre es que el IFA está pagando sin un respaldo presupuestario”, ha sentenciado el testigo, que ha añadido que de esta forma surgen los “pagos cruzados y los endosos” de las ayudas una vez que existía una resolución de la dirección de Trabajo porque “hay tal descontrol que se va parcheando”.

El funcionario ha dicho además que del conjunto de la investigación y de todas las manifestaciones “resulta evidente” que el sistema implantado para la tramitación de las ayudas “no es idea” del director general de Trabajo Javier Guerrero, al que el procedimiento “le viene dado” porque ya se utilizaban desde el año 1999, y al ser preguntado sobre quién le impuso el sistema, ha apuntado que podría ser el entonces consejero de Trabajo, Guillermo Gutiérrez, o el viceconsejero, Antonio Fernández.

El oficial de la UCO también se ha referido a los conseguidores de las ayudas, como el ex sindicalista Juan Lanzas, y ha añadido que estos conseguidores, algunos de los cuales percibían hasta un 15%, “buscaban a comités de empresa e incluso ofertaban a las empresas hacer un reajuste de la plantilla sin coste”, puesto que la Junta iba a pagar un porcentaje muy alto de la reestructuración, nunca inferior al 80%, ha precisado.

El responsable de este grupo de la UCO ha relatado asimismo el “flujo dinerario” que partía de las compañías aseguradoras de las pólizas con las que se pagaban las prejubilaciones, y ha citado las comisiones que se pagaban a las organizaciones sindicales -un atestado cifra en 7,6 millones de euros las cantidades que percibieron UGT y CCOO de las consultoras- , que “no realizaban nada” en relación con las ayudas y también en el caso de la mediadora Vitalia se ha referido a “transferencias directas a alguna cuenta de Guerrero y al entramado de Juan Lanzas”. Según el testigo, hay “muchas disposiciones en efectivo”, para hacer pagos en sobres, y ha señalado igualmente que el directivo de Vitalia Antonio Albarracín pidió a la jefatura de la mediadora en Barcelona cantidades para “pagar a los señores del Sur”, al tiempo que hallaron un archivo con distintos regalos, entre cuyos destinatarios ha citado al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

El investigador ha señalado asimismo que en la "génesis" de la investigación ya aparecen "casi todos los actores", como Juan Lanzas, el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís y la mediadora Vitalia, y los primeros intrusos son los que surgen en relación con las ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa). Así, ha afirmado que la mediadora Uniter entra en las ayudas "de la mano de Antonio Fernández y Vitalia, de Javier Guerrero".

Ayudas "troceadas" para no llegar al Consejo de Gobierno

El responsable de la UCO también ha descrito cómo se retiraron en las Comisiones Generales de Viceconsejeros, los consejillos, que presidió Gaspar Zarrías, dos ayudas que superaban los 1,2 millones para las empresas Pickman y A Novo Comlink. Según el testigo, esas ayudas no llegaron a conocimiento del Consejo de Gobierno porque se pararon en los consejillos, pero después los importes “se trocearon” y se pagaron en tres subvenciones.

El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, le ha preguntado en este momento qué se pretendía evitar con el hecho de que esta ayuda no llegara al Consejo de Gobierno, pero el responsable de la UCO no ha sabido aclarar dicha finalidad. “Empleo quiere que vaya al Consejo de Gobierno”, ha dicho el testigo, añadiendo que entiende que “quiere que se utilice el sistema”, porque en los consejillos se puede “vetar” lo que va al Consejo. Una de las opciones sería "que se intentara evitar la fiscalización de la Intervención", ha agregado.

Por último, el investigador ha dicho, a preguntas de la Fiscalía, que la comunicación con la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya era “constante y total”, manteniendo reuniones en su despacho con el objetivo de que la instructora los “coordinase”. El mando de la UCO, que ha explicado que en la investigación se tuvo en cuenta tanto la legislación autonómica como la estatal, continuará mañana respondiendo a las preguntas que quieran plantearle las defensas de los 22 ex altos cargos acusados.

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