Un grupo de unas 200 personas impidió en la tarde de hoy el derribo de diez viviendas ilegales sobre las que pesaba una orden de derribo en la zona de Majadillas Bajas, al estar construidas todas ellas en terrenos denominados como urbanizable no sectorizados. En otras palabras, casas que se levantaron en suelo rústico sin contar ninguna de ellas con licencia municipal. Los inquilinos recibieron la orden de deshaucio y se vieron obligados a abandonar sus viviendas, pero la presencia de numerosas personas en la zona impidió a la empresa encargada del derribo llevarlo a cabo.

El Ayuntamiento recibió días atrás ese dictamen judicial y pretende ejecutar hoy mismo la orden a partir de las ocho de la mañana. Al parecer, los inquilinos de las viviendas ya han recibido varios avisos desde el juzgado para que sean ellos los que contraten los trabajos de demolición de sus propios inmuebles. Al no ser así, el Ayuntamiento tendrá que llevar a cabo esa actuación bajo mandato judicial, trasladándoles luego las facturas de los costes de esta medida a los ocupantes de las viviendas.

Todos los inmuebles se ubican en una misma parcela y ocupa prácticamente una calle. Los vecinos se arremolinaban anoche frente a las puertas de sus casas a la espera de noticias de su abogado. Según ellos, el letrado le ha asegurado que la orden judicial de derribo ha sido paralizada. No obstante, según fuentes municipales ese extremo se desconocía y será hoy cuando se sepa con seguridad si se tiran o no la decena de edificaciones.

Entre los inquilinos había ayer nerviosismo ante la proximidad del derribo de sus casas. En la calle se reunieron casi la totalidad de las familias afectadas, niños incluidos, que discutían sobre la inminente demolición de sus hogares, aunque mantenían su confianza en que esta medida no se produciría en la mañana de hoy tras hablar con el abogado.

El proceso administrativo para proceder al derribo comenzó pocos años atrás con la orden de paralización de la construcción de esas casas, según ha podido saber este medio. Fuentes consultadas relataron que se hizo caso omiso de esos avisos hasta que llegaron a levantarse las viviendas. Mientras tanto se han interpuesto recursos, pero el proceso ha continuado hasta que el juez ha decretado la demolición.

Cabe recordar que la primera de las casas que se tiró a requerimiento del juzgado en el término de Chiclana sucedió el pasado mes de marzo en la zona conocida como El Marquesado. En este caso, el ocupante tampoco hizo caso a las notificaciones de la Justicia, por lo que fue el propio Ayuntamiento de esa localidad quien se hizo cargo de los trabajos de derribo. La segunda de las viviendas que se echó abajo tuvo lugar hace escasamente un mes, pero esta vez fueron los propietarios quienes prefirieron ejecutar la orden. En ambos casos, las viviendas se situaban en suelo rústico sin disponer de las preceptivas licencias.