Los doctores expertos en genética de la Universidad de Granada José Antonio Lorente y Juan Carlos Álvarez fueron requeridos por la defensa de Francisco Javier Medina, el acusado de asesinar a Miguel Ángel Domínguez y a su hija María en Almonte en abril de 2013 Francisco Javier Medina, para que elaboraran un informe de parte sobre el ADN. Este documento está fechado en febrero de 2016 y en él los peritos barajan la posibilidad de que las elevadas cantidades de células del presunto autor de los crímenes localizadas en las tres toallas de dos baños distintos del piso donde murieron padre e hija llegaron allí por "transferencia indirecta, secundaria, masiva y acumulada a lo largo del tiempo". Es decir, que la mujer del fallecido y entonces amante de Medina, Marianela Olmedo, pudo dejar restos de semen o sudor en esas toallas después de mantener relaciones sexuales "frecuentes y completas" con él.

Con esta apreciación, en la que los expertos indican que "los resultados existentes de ADN no permiten vincular de modo inequívoco a Francisco Javier Medina con los hechos", se abrió un debate. Y a él se había aferrado hasta ahora la defensa del acusado, Francisco Baena Bocanegra y Juan Ángel Rivera: su cliente es inocente y su ADN está allí porque Marianela debió lavarse o secarse con aquellas toallas, algo que ella desmintió totalmente ante el jurado popular.

Los defensores de Medina argumentan que la toma de muestras no está documentada

Los peritos refieren literalmente en su estudio que "hemos de mencionar y subrayar que los análisis de ADN realizados tanto por la Guardia Civil como por Toxicología son perfectos, impecables desde todo punto de vista, o sea, científica y técnicamente".

A ello añaden que "estamos plenamente de acuerdo con todas y cada una de las conclusiones expresadas por los peritos del Instituto Nacional de Toxicología", quienes señalan que los restos celulares del acusado no proceden de una transferencia puntual o un hallazgo casual. Sólo difieren en su interpretación y lo dejan claro en sus conclusiones.

Pero ha sido ahora la propia defensa la que ha puesto el punto final al debate de si la transferencia de ADN al trío de toallas fue directo o indirecto. Los letrados han virado y han anunciado que solicitarán la nulidad de la prueba genética. Lo hacen, según confirmó Rivera, no sólo porque consideran que existe la posibilidad de que no se haya guardado correctamente la cadena de custodia de las muestras en su viaje al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y al Instituto Nacional de Toxicología, sino porque también cuestionan la acreditación de la toma de muestras que el Instituto Armado realizó a Medina, que sospechan que "no está debidamente documentada".

El letrado que defiende los intereses de la familia de las víctimas, Gustavo Arduán, recibió como "una buena noticia" este golpe de timón e interpretó que "se pone de manifiesto la desesperación de la defensa". Arduán entiende que los letrados de Medina, después de escuchar el miércoles el testimonio de los dos máximos responsables de la investigación del caso -el capitán y el teniente del equipo de Homicidios de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado-, ha dado "un paso adelante en contra de los informes de sus propios peritos". Arduán indicó ayer que todo atiende a una "estrategia" de Rivera y Bocanegra. Desde su prisma, como "no le cuadran esas cuentas, tienen que dar marcha atrás y plantear ahora algo que tenían que haber planteado antes".

La magistrada que preside el tribunal Carmen Orland, deberá decidir sobre este asunto en la sentencia o ponerlo antes en manos del jurado popular.